Por ello, el también presidente de la Mancomunidad de San Marcos se ha felicitado por la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación de oficio sobre los aspectos económicos derivados de la paralización de la construcción. «Es alentador que la Justicia actúe de oficio ante un problema que es público y notorio, del que todos los días se conoce una nueva vuelta de tuerca, y que puede derivar en gravísimas consecuencias económicas y financieras para el entramado institucional guipuzcoano, las arcas públicas, y en último término, los propios contribuyentes», ha dicho el dirigente del PSE, que en su día fue un destacado detractor de esta infraestructura.

«Queremos recordar que las infraestructuras que se diseñaron respondían a una planificación integral aprobada por norma foral en las Juntas Generales, que su financiación fue validada por el Banco Europeo de Inversiones en condiciones muy ventajosas, que su ubicación fue legitimada por un Plan Territorial Sectorial (PTS) aprobado por la Diputación y ayuntamientos concernidos, y que todo ello permitía la clausura de todos los vertederos del territorio, dando así un paso de gigante en la gestión de los desechos urbanos», ha añadido.

A su juicio, todo esto ha sido «despreciado por la cerrazón obsesiva de un equipo político cuyas acciones han estado exclusivamente guiadas a paralizar las infraestructuras, en una deriva temeraria que puede convertir el consorcio de residuos en un auténtico infierno económico. En su día denunciamos que Bildu estaba ignorando deliberadamente los informes jurídicos y financieros que le desaconsejaban actuar de ese modo, rompiendo unilateralmente los contratos con bancos y consultoras y dejando a la intemperie jurídica a una entidad pública que debe gestionar las basuras de todo el territorio».