No hay más que acordarse del idilio del franquismo con el Real Madrid para darse cuenta de que la gestión de un club de fútbol va bastante más allá de la gestión de una simple empresa o de un club deportivo de prácticamente cualquier otro deporte. Tampoco descubriremos ahora la función social –buena o mala, según se quiera ver– que cumple el fútbol en una sociedad como la vasca o la española. Motivos que en más de una ocasión han llevado a los poderes públicos a ofrecer tratos de favor a las entidades futbolistas, en perjuicio de las arcas públicas.

En las últimas décadas han sido dos los momentos culminantes en que el fútbol ha estado al borde de la quiebra en el Estado español –ahora se puede hablar de un tercer momento–. La primera fue en 1985, cuando la deuda de los clubes alcanzó los 20.000 millones de pesetas, en buena parte debido a las inversiones realizadas para el Mundial de 1982. El entonces Gobierno del PSOE puso en marcha el Plan de Saneamiento, vendido como una reforma para que nunca se volviese a repetir la situación. Un fiasco. Los clubes se limitaron a dejar de lado a la Federación y crear la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que firmó un acuerdo con el Gobierno para dejar la deuda a cero a través de las quinielas, de las que los clubes pasaron a recibir un 2,5%. Es decir, el Gobierno dio dinero al fútbol para que este pudiese pagar su deuda.

Para darse cuenta del fracaso de este primer plan basta con saber que apenas cinco años después la deuda de los clubes de fútbol se había doblado, alcanzado los 40.000 millones de pesetas. Entonces se puso en marcha el segundo Plan de Saneamiento, finalmente aprobado por el último Gobierno de Felipe González tras las elecciones de 1992, con el objetivo, esta vez sí, de arreglar de una vez por todas los problemas del fútbol. Otro fiasco. La deuda se volvió a dejar en cero a través, de nuevo, del truco de las quinielas, de las que los clubes pasaron a recibir un 7,5%. A cambio se obligó a todos los clubes que hubiesen estado en números rojos a constituirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Una medida con la que el Gobierno pretendía garantizar una mejor gestión de los clubes y de la que solamente quedaron exentos Osasuna, Athletic, Barcelona y Real Madrid. Dos décadas más tarde, con la deuda del fútbol en los 4.114 millones de euros, se ha podido comprobar que la conversión de los clubes en SAD no solo no fue acertada, sino que se podría calificar de contraproducente, ya que los cuatro clubes que se mantuvieron en manos de sus socios son algunos de los que mejor tienen sus cuentas, sin que esto quiera decir que las tengan bien.

Precisamente este verano se ha sabido que la Comisión Europea está investigando los supuestos beneficios fiscales de los que disfrutan los cuatro clubes que no son SAD, algo que podría desembocar en la obligación de convertirse en sociedades anónimas, como el resto de equipos.

Otros rescates anticipados

Pese a que los grandes rescates al fútbol han sido dos, los mecanismos de traspaso de dinero público al fútbol son diversos y continuados. Desde la pura y dura subvención hasta las operaciones urbanísticas. En cuanto a subvenciones, el PP valenciano de Francisco Camps ha sido el campeón indiscutible, con 118 millones de euros de dinero público destinados al Valencia, al Elche y al Hércules. Y sobre los pelotazos urbanísticos, nada como el Real Madrid de Florentino Pérez, que canjeó unos terrenos con el Ayuntamiento de Madrid en condiciones espectacularmente favorables para el club blanco. Tanto que, de hecho, la Comisión Europea investiga ahora la legalidad de la operación.

Osasuna, Athletic, Real

¿Y en Euskal Herria? Pese a que el escándalo no sea tan grande, tampoco estamos para tirar cohetes. En Osasuna, con Patxi Izco de presidente, la deuda llegó hasta los 40 millones de euros sin que la Hacienda foral le haya reclamado nada –la nueva directiva llegó a un acuerdo para devolverla en 10 años–.

En el Athletic, las conexiones con la Hacienda vizcaina han estado acompañadas siempre de privilegios. Baste recordar el tirón de orejas del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) a la Diputación jeltzale por la entrega de seis millones de euros al equipo de San Mamés o la normativa de IRPF que permite a los deportistas con un sueldo de más de 300.000 euros al año que paguen la mitad que cualquier otra persona con la misma renta.

Tampoco se salva de los favores la Real, ni de los tirones de orejas del TVCP la antigua Diputación de Gipuzkoa, a la que el tribunal criticó el hecho de perdonar al club txuriurdin una sanción fiscal de seis millones de euros y, de paso, entregarle otros seis en calidad de subvención.