El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha anulado la resolución de la Subdelegación del Gobierno español en Castelló que prohibía la entrada de la ‘Via Catalana cap a la Independencia’ en el País Valencià, una cadena que había sido convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en Vinaròs, según ha informado en su cuenta de Twitter.

ACPV presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, que ha sido estimado por el TSJCV, que ha declarado contraria a derecho la resolución de la Subdelegación que prohibía la cadena humana, acto que ha autorizado. Además, ha condenado al Estado a pagar las costas del proceso, según el alto tribunal valenciano.

El TSJCV cita «doctrina consolidada» del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al indicar que «para muchos grupos sociales el derecho de reunión es en la práctica uno de los pocos medios para expresar sus ideas y reivindicaciones».

Aunque reconoce que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé la posibilidad de adoptar restricciones para garantizar la seguridad nacional y pública y prevenir el delito, es preciso que existan «razones fundadas», de forma que «no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos».

«Solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad», de forma que resulta insuficiente para justificar la prohibición «la mera sospecha o la simple posibilidad», sostiene.