El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, se ha reunido con los alcaldes de los ocho municipios guipuzcoanos de la comarca –Arrasate, Eskoriatza, Oñati, Bergara, Elgeta, Aretxabaleta, Antzuola y Leintz-Gatzaga– y el alavés de Aramaio, afectado también por la proximidad, para analizar la situación creada por la solicitud de preconcurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos.
Tras el encuentro, el diputado general ha explicado que las instituciones reunidas han acordado «generar una línea de trabajo» con la agencia comarcal de desarrollo para que «cada ayuntamiento estudie cuál es el impacto que puede tener en primera y segunda instancia» la crisis de esta empresa, que «no solo afecta a los trabajadores de Fagor, sino al conjunto de la población del Alto Deba».
También se han comprometido a trabajar conjuntamente con el Gobierno de Lakua, la Corporación Mondragón y con la agencia de desarrollo comarcal para «abordar la situación», estudiar «cuáles son los recursos públicos» de los que se pueden disponer y «cómo destinarlos» a mitigar las consecuencias de esta crisis.
Garitano ha pedido a Fagor Electrodomésticos que «haga un plan de viabilidad lo más estricto y lo más pegado a la realidad para abordar esta situación».
«Nosotros no somos quienes tenemos que hacer un plan de viabilidad», ha dicho el mandatario guipuzcoano, que ha mantenido un encuentro con la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.
Respecto a las críticas recibidas en los últimos días por parte del PNV por su gestión de la crisis de Fagor Electrodomésticos, Garitano ha considerado «mezquino» aprovechar un problema como el de la cooperativa guipuzcoana para «con mentiras, intentar hacer política y obtener algún tipo de rédito».
Tapia
Por su parte, Tapia ha participado esta mañana en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, donde ha lamentado la decisión de MCC «en términos tan extremos» sobre Fagor Electrodomésticos y ha asegurado que «el apoyo del Gobierno vasco se mantiene» en el «acompañamiento» de un plan de viabilidad, en el que serán «estrictos» pero también «suficientemente flexibles» teniendo en cuenta su condición de acreedor.