En el pasado mes de mayo, cuando la jueza Servini ni siquiera pudo celebrar una videconferencia con testigos en el Consulado en Madrid por las presiones gubernamentales españolas, era una auténtica quimera pensar que dos acusados de torturas en el franquismo llegaran a declarar judicialmente en Madrid. Aquel boicot se acompañó de un silencio mediático casi total. La querella se presentaba como algo estrambótico y que no iba a llegar a ningún lado.

La comparecencia de ayer muestra que el Estado español ha tenido que abrir la mano. Desde el mes de mayo hasta aquí, su relación de fuerzas en este terreno se ha debilitado por varios factores. El principal es la insistencia de la juez Servini y la implicación paralela de la sociedad y el Gobierno argentinos. En realidad, solo desde la ignorancia absoluta sobre su curriculum se podía pensar que Servini iba a tirar la toalla a las primeras de cambio. En su trayectoria hay episodios como presentarse en persona en las prisiones para resolver varios motines carcelarios en los años 80. Pero el más conocido y asemejable al caso del franquismo es el del día en que aterrizó en Chile para interrogar a dos pinochetistas sospechosos de la muerte en 1974 del general Carlos Prats -que había sido comandante en jefe del Ejército, ministro de Interior y de Defensa y vicepresidente con Salvador Allende- y de su esposa Sofía Cuthbert. El Gobierno chileno se había negado a extraditarlos, así que Servini tomó la iniciativa de ir a a buscarlos.

A Madrid probablemente no le haya pasado desapercibido que Servini evocara este precedente. En una entrevista concedida anteayer a Radio Euskadi, cuando se le planteó que podría ocurrir si no se materializan las extradiciones de Muñecas y «Billy el Niño», la jueza argentina recordó expresamente lo que hizo en el caso de Prats.

Los consulados trabajan

La firmeza de la juez se extiende al aparato estatal argentino. La apertura de todos los consulados en el mundo para recoger denuncias, en setiembre, dio otra señal a Madrid de que el proceso va en serio. Solo en territorio estatal hay cuatro grandes consulados argentinos: Madrid, Barcelona, Vigo y Cádiz. Y consta que están trabajando: el cónsul argentino en Cádiz, Agustín A. Núñez, confirma que han recibido dos denuncias de personas de edad, además de muchas llamadas interesándose por la opción de contar sus propias historias.

A nivel parlamentario, anteayer la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina recibió a la delegación de víctimas que testifican estos días ante Servini. Son catorce en total, entre ellas vascos como Andoni Txasko, herido en la matanza de Gasteiz del 3 de marzo de 1976. Las palabras del presidente de la comisión y diputado por el gobernante Frente para la Victoria, Remo Carlotto, resultaron elocuentes: «Tienen las puertas abiertas, no solo de esta comisión sino de toda la Cámara».

La cuestión de los desaparecidos es obviamente muy sensible en Argentina. Organismos de la influencia de Abuelas de Plaza de Mayo impulsan esta querella. Su presidenta, Estela de Carlotto, la ve como «un llamado de atención, una sacudida a la negativa ante los crímenes del franquismo» y augura que tal y como van las cosas «habrá una respuesta al reclamo de la Justicia argentina. Si es una respuesta negativa, se seguirá peleando; y si es positiva, se seguirá construyendo».

Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional de Argentina, lo tiene claro también: «La obligación de España de conceder la extradición surge del Derecho Internacional. El tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal obliga al Gobierno español a tramitar, una vez presentado, el pedido de extradición».

A todo ello se ha sumado, como la gota que colma el vaso, la reciente apelación directísima de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU para que Madrid «deje de mirar a otro lado». De momento, le ha dado un año de plazo para que presente avances. Así las cosas, el PP ha tenido que cambiar el guión sobre la marcha. Habrá que ver cómo sale de su propio atolladero.