En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha destacado que el servicio público de salud dispondrá de un periodo de 5 días para decidir si da el visto bueno o no a esa solicitud y ha añadido que en el caso de que no haya respuesta se entenderá que el trabajador supera esa incapacidad temporal.

Así, la mutua adoptará el acuerdo de extinción del derecho y lo notificará al trabajador y a la empresa.

Esta es una de las normas incluidas en el anteproyecto por el que se modifica la Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que, según Báñez, pretende mejorar la eficiencia en el control de las prestaciones, el absentismo, la mejora de la salud y la prevención de los riesgos laborales.

Las entidades colaboradoras se denominarán Mutuas de la Seguridad Social porque su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.

La ministra española ha afirmado que el proyecto de ley clarifica el régimen jurídico de las mutuas, que está «muy disperso».

Con ello, se busca mejorar la eficiencia de los recursos públicos, ya que aunque las mutuas estén formadas por empresas de ámbito privado manejan dinero público.

Báñez ha indicado que otro de los objetivos de la nueva norma es «mejorar la gobernanza» y que, en línea con la ley de transparencia, habrá un control de los recursos de las mutuas y de los órganos de dirección.

En este sentido, ha asegurado que se controlarán también las retribuciones de los altos cargos y si se aprovechan los recursos ociosos de las mutuas.

Asimismo, ha recalcado que el 40% de los recursos no se usan y que se pondrán a disposición de convenios que puedan llevar a cabo con las comunidades autónomas o con la sanidad privada para mejorar los servicios del sistema estatal de salud.

Además, ha subrayado que el proyecto de ley hace posible que una prestación como cese de actividad sea una realidad y se pueda recibir a lo largo del tiempo.

La ministra ha señalado que el 80% de las solicitudes son denegadas y ha afirmado que ahora se cambia el sistema para dar esa prestación por la que cotizan los autónomos cada mes, lo que es, en su opinión, «un derecho».

Una de las novedades es la «invitación al pago», de modo que si en la fecha del cese en la actividad, el trabajador no está al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social, el órgano gestor le dará un plazo adicional de 30 días para que ingrese las cuotas debidas y no pierda la prestación.

Según Empleo, en 2012 las mutuas ingresaron más de 5.300 millones en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes y más de 131 por cese de actividad.

El anteproyecto se enviará a los agentes sociales y a los órganos de informe preceptivo, como el Consejo Económico y Social, para que ofrezcan aportaciones al texto.