El Estado francés ha clonado una vez más la posición fijada por Madrid contra las opciones de resolución del conflicto. Lo venía haciendo en realidad, copiando incluso las expresiones verbales, desde que el viernes se conoció el inicio del inventariado y sellado del arsenal de ETA. Y ayer fue un paso más allá, al citar a la comisaría de la capital de Lapurdi a los cinco miembros del Grupo de Contacto Internacional (GIC) que habían llegado a Euskal Herria el jueves para participar en el Foro de Baiona de hoy.

Brian Currin y sus compañeros llevan más de tres años realizando una labor de facilitadores del proceso. Su mandato principal consiste en promover el diálogo político, mientras que el de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) coordinada por Ram Manikkalingam se ubica en el terreno de la verificación del cese de la lucha armada o el destino de los arsenales.

Para Madrid y París, ambas actividades deben ser objeto de tribunales. Las actuaciones del domingo y ayer solo quedan separadas por algunos matices. Así, en este último caso la comparecencia no se produjo en el tribunal especial de París sino en Baiona, pero fue igualmente forzada desde la judicatura «antiterrorista». Concretamente fue la jueza Laurence Levert quien envió un cuestionario para interrogar con él, uno a uno, a cinco facilitadores.

También llama la atención que si bien en el caso de los verificadores existía la evidencia gráfica de que Manikkalingam y Ronnie Kasrils se habían reunido con ETA -lo que daba a la Audiencia Nacional un elemento objetivo para reclamar explicaciones-, en este caso del GIC la jueza ha actuado solo en base a elucubraciones y generalidades.

«Completamente ridículo»

Durante toda la tarde, desde las 17.10, fueron interrogados en comisaría Brian Currin, Alberto Spektorowski, Raymond Kendall, Sylvia Casale y Pierre Hazan. Este último fue el primer en salir y no se mordió la lengua al calificar la citación de «completamente ridícula».

Hazan apuntó que no apreciaban nexo alguno entre el motivo de esta declaración y la de los verificadores el domingo en Madrid (lógicamente, al margen de la intencionalidad política, que sí parece común: presionar a las personalidades internacionales que intentan apoyar en la resolución del conflicto). Hazan indicó como ejemplo que se les mostraron fotos de miembros de ETA por si les conocían, pero como un mero formulismo y sin ninguna expectativa mayor. El profesor remarcó que nunca se han reunido con la organización armada.«No entiendo nada, estoy totalmente desconcertado», insistía Hazan a la salida del centro policial.

La citación obstaculizó la agenda de los facilitadores, que tenían previsto aprovechar la tarde de ayer para realizar contactos con agentes vascos y poner así el termómetro a la situación actual. Lo que no altera en absoluto es el Foro de Baiona, convocado durante toda la mañana de hoy para analizar las doce recomendaciones del Foro Social y ver las opciones y modos de continuar avanzando.

Se cuenta en él con la intervención de todos estos miembros del GIC, además de otros expertos en resolución de conflictos como los profesores Jean Pierre Massias y Véronique Dudouet o el mediador Aaro Suonio, que intervino en el desarme en Irlanda.

En la declaración judicial, los citados tuvieron un estatus equiparable al de testigos, el mismo que se aplicó el domingo pasado en la Audiencia Nacional española a Manikkalingam, Kasrils y Chris Maccabe. Los cinco estuvieron asistidos por abogados.

Se da la circunstancia de que el Grupo Internacional de Contacto tiene una actuación continuada en el proceso vasco desde 2010, un año antes por tanto del cese definitivo de la lucha armada de ETA. Sin embargo, nunca hasta ahora habían sido abordados por los tribunales. El dato evidencia que la presión española y francesa sobre estos representantes internacionales va creciendo a medida que se dan nuevos pasos positivos.

«Completamente ridículo»

EH Bildu se pronuncia hoy sobre este tipo de actuaciones. Para Amaiur, «la actitud de los estados español y francés contra el proceso abierto en Euskal Herria es inaceptable desde cualquier punto de vista».

«Denunciamos el grado de odio y venganza al que el Estado español ha llegado. Incluso a niveles que otros estados no han alcanzado», destacó la coalición en una nota que acusa a París y Madrid de «pretender reventar la ilusión generada hace ya más de dos años en este país».

El secretario de Derechos Humanos de EA, Alberto Unamunzaga, habló de «despropósito». «Todos los agentes e instituciones debemos conseguir que la nueva etapa en la que estamos sea una realidad cuanto antes y no poner obstáculos. Si no lo hacemos, estaremos defraudando a la sociedad vasca», añadió.