Afinales de 1973, personalidades de la izquierda colombiana, entre las que se encontraban el escritor y posterior premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el periodista y también escritor Enrique Santos -hermano del actual presidente colombiano Juan Manuel Santos-, y el poeta León de Greiff, impulsaron el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), «ya que en la época no existía ninguna organización que se dedicara exclusivamente a la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo en el país».

La idea inicial de crear este organismo fue de García Márquez. Así lo recuerda en la recién estrenada página web Enrique Santos: «A mediados de 1973, el escritor Álvaro Cepeda me dijo que su gran amigo Gabito quería contactarme a propósito de un agrio debate que le habían armado sectores de la izquierda colombiana. El año anterior había donado los 25.000 dólares de su premio Rómulo Gallegos al recién fundado Movimiento al Socialismo de Venezuela y no a un grupo revolucionario nacional. García Márquez acababa de recibir otro premio literario dotado con 10.000 dólares de la Universidad de Arizona. Me llamó para preguntarme si lo indicado sería entregárselo a una asociación de presos políticos. Cuando le dije que aquí no existía una entidad de esa índole me dijo con un desparpajo caribeño `pues, fúndala'». En octubre presentaron el Comité en el Círculo de Periodistas de Bogotá. Ese fue el inicio de cuatro décadas de «solidaridad con los presos políticos, visitas a centros de detención, denuncia de la tortura y lucha por las libertades políticas».

Gracias a la donación de García Márquez, el CSPP publica «El libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974». Se trata de una recopilación minuciosa, «año tras año, de los hechos de represión. Se destaca por primera vez el recurso sistemático por parte del Estado de la figura de estado de sitio. Este libro nace de la voluntad de poder comunicar, deforma amplia y eficiente, el contexto histórico del país. Al mismo tiempo, se toman otras iniciativas innovadoras de comunicación por parte de las personas que fundan o están cerca del Comité como la revista «Alternativa» o los periódicos murales que se pegan en todas las calles de la ciudad».

El CSPP aún no tenía si sede ni oficina ni teléfono y las reuniones se celebraban en lugares diferentes por motivos de seguridad.

Primer dictamen de tortura

Bajo la Presidencia de Julio César Turbay (1978-1982) y con la implementación del Estatuto de Seguridad Nacional, la ola represiva se intensificó en Colombia. Las declaraciones del entonces general Luis Carlos Camacho en el sentido de que la protesta social era «el brazo desarmado de la subversión» son un reflejo de la época. En este contexto, detuvieron a 25 estudiantes, principalmente de la Universidad Nacional. Fue tanta la repercusión que adquirió este caso que el procurador general y el presidente se vieron obligados a ordenar una investigación liderada por el Instituto de Medicina Legal. Tras visitar a los detenidos en las guarniciones militares, el director del Instituto y patólogo de la Universidad Nacional, Odilio Méndez, firmó el primer dictamen oficial de tortura de Colombia. El informe en el que daba cuenta del hallazgo tanto de heridas físicas como de daños sicológicos fue filtrado a la prensa.

«Digamos que les salió el tiro por la culata. Creían que me iba a plegar. Pero por mi formación profesional siempre he actuado con la mayor objetividad y transparencia. Hice un diagnóstico como patólogo y simplemente actué de acuerdo a los principios de la ética médica», rememora Méndez.

Esta postura le valió ser destituido de su cargo. La investigación penal concluyó que las lesiones constatadas oficialmente habían sido autoinfligidas por los detenidos.

Pero, esta denuncia abrió la puerta a la primera visita de Amnistía Internacional a Colombia en 1980, tras la cual documentó de forma detallada las torturas a los presos políticos, desapariciones y asesinatos de líderes sociales y sindicales».

Las visitas carcelarias

La activista Amanda Romero recuerda que en los primeros años «siempre estábamos armando posibilidades para entrar en las cárceles. Nos hacíamos pasar por hermanas de los presos, por amigas de la tía. Los detenidos nos miraban y preguntaban `¿cuál hermana?'. Cuando se daban cuenta decían `ah, sí'. Viajábamos a todas las cárceles del país. Nuestra integridad física fue muchas veces vulnerada en los registros, que eran inhumanos. Nos tocaban los genitales, nos hacían quitar la ropa interior, nos obligaban a abrirnos con las manos para mostrarles el recto, nos tocaban los senos, siempre teníamos que ir con faldas, así hiciera el frío más impresionante y adentro nos enfrentábamos a muchos casos de tortura que no sabíamos manejar. Fue muy duro».

«La persecución ha sido una constante en nuestra historia», subraya el CSPP en su web a modo de balance de su historia. Afirma que «1999 se convirtió en la cima del terror. Tras la muerte de los compañeros Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, tuvo que cerrar su sede nacional en Bogotá. Durante varios meses, el equipo nacional encontró refugio en las oficinas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Veintiséis de sus integrantes han tenido que desplazarse de sus hogares de origen para salvar sus vidas. Elizabeth Reyes y Héctor Castro tuvieron que exiliarse tras haber sido detenidos y torturados por el Ejército en 1990. Ambos fueron presentados como miembros de una célula urbana del ELN. Solo en 2012, el CSPP registró y denunció 49 agresiones, 35 de las cuales fueron amenazas de muerte».

Desde el interior de la prisión

Entre las diversas cartas que ha colgado en conmemoración de este aniversario, la presa Doris Suárez, encarcelada en Jamundí, remarca que «los prisioneros políticos seguimos siendo desconocidos por el discurso oficial, ignoran nuestra condición de rebeldes y luchadores sociales, nos califican de `terroristas', calificativo que han hecho extensivo a quienes nos brindan su apoyo y defienden nuestros derechos». Lamenta que «mientras se habla de paz, se azuza la guerra. Durante varios meses le cerraron al Comité las puertas de las prisiones mientras se las abrían a las prolíficas sectas religiosas que predican la resignación y la sumisión como destino. Solo el teléfono nos permitió estar en contacto. Ya se restableció el ingreso, pero prohibieron los encuentros y talleres colectivos, espacios de discusión y análisis en los que junto a abogados y colabora- dores se nos facilitó la comprensión del momento político y jurídico que vivíamos».