El militar marroquí reconvertido a jefe de policía de Iruñea, Simón Santamaría, declarará el próximo 27 de marzo a las nueve de la mañana ante la juez María Paz Benito por siete delitos: amenazas, coacciones, contra la integridad moral por autoridad o funcionario, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la libertad de reunión por funcionario público, discriminación laboral y de falsedades. Junto a Santamaría, también están citados como imputados un miembro del Grupo de Control y Auditorías (conocido como «La Fundición»), un comisario, dos inspectores y un testigo, por lo que se prevé que sean dos días de toma de declaraciones.

La citación judicial contra el polémico jefe de la Policía Municipal se producirá siete meses después de que el sindicato policial SPPME denunciara una serie de abusos y vejaciones por parte de la cúpula del cuerpo a varios agentes. En el escrito original se describían casos de acoso laboral, vejaciones e incluso encubrimiento de delitos.

Al parecer, la instrucción habría avanzado bastante desde que se interpuso el escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3, el de María Paz Benito, la juez que instruyó el «caso de las dietas». Entre otras cosas, el sindicato ha ampliado el escrito original con nuevas prácticas que se han sucedido de julio del año pasado a esta parte.

La denuncia original relataba, por ejemplo, cómo se produjo el castigo exagerado e irregular a los agentes que denunciaron a varios coches oficiales por aparcar saltándose las normas. Entre los políticos sancionados por aparcar irregularmente sus vehículos en 2010 estaban Roberto Jiménez (líder del PSN) y los entonces consejeros Laura Alba (Obras Públicas) y Javier Caballero (Interior).

Maya y el segundo de Interior

El sindicato policial (que en las últimas elecciones consiguió casi la mitad de los votos entre los agentes del cuerpo) también destapaba en su denuncia el encubrimiento de un presunto delito de prevaricación que salpica al número dos de Interior en Nafarroa, Pachi Fernández, otro de los cargos de UPN de Iruñea que gozaban del favor de Yolanda Barcina cuando era alcaldesa y medraron cuando alcanzó la Presidencia de Nafarroa. Según el relato de los agentes del cuerpo, Fernández habría intervenido de modo irregular en reiteradas ocasiones para que se devolviera un coche que había sido retirado por la grúa a un particular sin abonar ni la multa ni el depósito ni el traslado. En este asunto también medió el secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Iruñea, Jesús Salinas.

Por la primera selección de declaraciones que ha realizado la juez Benito, parece ser que estas intromisiones de Fernández son una de las cosas que más ha llamado la atención de la instructora. Además de estas devoluciones presuntamente irregulares del vehículo, el relato de los agentes incluye castigos ejemplarizantes a los policías que dieron la voz de alarma.

Asimismo, la exhaustiva denuncia también estaba dirigida contra el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, a quien consideraban cooperador necesario de estos abusos. Según interpretan los agentes, Maya es perfectamente consciente de lo que ocurre en la comisaría de la calle Monasterio de Irache y, sin embargo, no hace nada para impedirlo.

La denuncia recoge un sinfín de pruebas documentales, testimonios e incluso grabaciones de voz que corroboran no solo una serie de abusos de poder sobre los ciudadanos, sino una forma de dirigir el cuerpo casi tiránica para con los agentes. Castigos ejemplarizantes, sanciones arbitrarias y otras prácticas habrían provocado que se multipliquen las bajas, así como los cuadros de ansiedad y estrés entre los no afectos a las formas del militar que Barcina eligió para dirigir la Policía de Iruñea.

Los escándalos que han perseguido a Santamaría durante años han acabado derivando en un caso complejo que tardará en resolverse en los tribunales, pero aún será más complicado normalizar la situación del cuerpo. Y eso es responsabilidad de los políticos, como el haber llegado hasta aquí.