El pleno venía precedido del anuncio de que presos enfermos o mayores de setenta años han comenzado a pedir su acercamiento o excarcelación de manera individualizada.

El único representante de UPyD, Gorka Maneiro, denunciaba en su texto que los presos solo buscan la «impunidad y salir cuanto antes de la cárcel», por lo que reclamaba al Gobierno español que aplique rigurosamente la legislación penitenciaria. En este sentido, exigía a los encarcelados reconocer el daño causado, pedir perdón a las víctimas y colaborar con la Justicia.

De entre quienes habían presentado enmiendas a la totalidad, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha remarcado que los requisitos que se exigen «no casan» con la legislación penitenciaria ordinaria y ha pedido «responsabilidad política», al tiempo que ha emplazado al PNV a que no «ponga presión» sobre quienes «están avanzando», sino que lo haga sobre quienes «no se quieren mover, si no es para retroceder».

Nerea Llanos (PP) ha coincidido en buena parte con el discurso de Maneiro, si bien ha rechazado que el Ejecutivo de Madrid haya dejado en algún momento de ajustarse a la legislación penitenciaria, que solo se modificará si ETA decreta su disolución.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha reconocido el derecho de los presos a la reinserción pero ha insistido en la necesidad de que se desvinculen de la organización armada y reconozcan el daño causado. Ha acusado a la izquierda abertzale de «utilizar a los presos» y de «dificultar durante años su reinserción».

El parlamentario del PSE Rodolfo Ares ha instado a la izquierda abertzale a que «anime» a los presos a cumplir los requisitos legales y ha matizado que el camino que deben recorrer es el de la denominada «vía Nanclares».