Ha llegado cuatro años tarde y, según han denunciado hoy las entidades vinculadas a la campaña estatal por el cierre de los CIEs, ha llegado mal. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó el pasado viernes el reglamento que regirá el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), un documento que la campaña estatal ha tildado de «vergüenza», al considerar que se limita a intentar «legitimar y consolidar la existencia de los CIEs más que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas».

Así lo han denunciado con dos ruedas de prensa celebradas simultáneamente esta mañana en Barcelona y Madrid, donde han comparecido diversos movimientos sociales, juristas, académicos y ONGs. En la capital catalana, desde la campaña ‘Tanquem els CIEs’, Cristina Fernández ha considerado que «el reglamento solo regula las vulneraciones que veníamos denunciando hasta ahora», por lo que «no garantiza ningún cambio».

Una de las principales críticas hacia el reglamento radica en que, según Fernández, «mantiene la gestión policial» del centro, lo que «deja muchísima discrecionalidad». Así lo han denunciando también el resto de los ponentes, como Héctor Silveira, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, quien ha querido destacar, entre otros aspectos, que «todavía quedan muchos espacios sin regular», como los puestos fronterizos o las salas de admisión de los aeropuertos.

Silveira ha comenzado por criticar que «sea un reglamento y no una ley orgánica lo que regule un CIE, ya que hablamos de la privación de libertad». Además, el profesor universitario ha denunciado que «la asistencia sanitaria no queda garantizada», que una persona «puede ser internada varias veces en el mismo procedimiento o en diferentes» y que «las ONGs no tienen un acceso libre».

Desde el Col·legi d'Advocats de Barcelona, José Javier Ordóñez también ha insistido en la idea de que el Gobierno español «no se toma en serio algo tan grave como un régimen de privación de libertad» y para demostrarlo ha puesto algunos ejemplos, entre ellos el hecho de que el Ejecutivo no prevea ningún aumento presupuestario para aplicar el reglamento. Además, ha denunciado que el documento «degrada derechos como el de asilo y refugio».

Un argumento defendido también por Jose Peñín, de SOS Racismo, quien ha encontrado indicios de «vulneración de derechos constitucionales» y ha criticado que «el reglamento desoye las demandas de las entidades, pero también del propio Consejo General del Poder Judicial».

Por todo ello, Cristina Fernández ha concluido la rueda de prensa anunciando próximas movilizaciones como la de esta misma tarde en Madrid –frente al Ministerio de Interior– o la de la iniciativa ‘Ens Plantem’ –Nos Plantamos– que en Catalunya reúne a movimientos en contra de los diversos recortes de derechos planteados por el Gobierno español.