Varias voces han surgido desde dentro de la Policía Municipal de Iruñea que cuestionan el expediente de sanción al concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, y ven elementos extraños en la tramitación. En particular, denuncian que se ha dejado fuera del caso a los cinco agentes que le hicieron soplar después de estampar el coche del Ayuntamiento contra un Opel Zafira aparcada.

«En casos así, hay que determinar la influencia y el agente actuante es el que normalmente lo instruye», explicaron a GARA. Sin embargo, en esta ocasión va a ser otro policía el encargado de la investigación. «¿Cómo va a instruir un tío que está sentado y no ha visto nada?», se preguntaba esta misma fuente que, además, concretaba que el instructor ni siquiera será el Jefe de Sala, que hubiera sido el máximo responsable esa tarde, sino un policía corriente que estaba de guardia «y le ha caído el `marrón'», explica gráficamente.

Conducir bajo la influencia del alcohol es delito. Y la etilometría, una simple prueba para corroborar esa influencia. Al final, quien determina si un conductor está influenciado o no por el alcohol son los policías que lo ven. «En este caso hay circunstancias anormales que corroborarían la influencia», explicaron a este periódico. Por ejemplo, el hecho de que el coche contra el que choca estuviera aparcado puede ser clave. «No era un coche en marcha que no vio por despiste, sino un coche estacionado. Eso sugiere que era incapaz de medir las distancias», afirman.

Según explican fuentes conocedoras de lo sucedido, los agentes que vieron a Polo quisieron ser los instructores del atestado «y no se les dejó». Por contra, se eligió a alguien que estaba en la comisaría de Monasterio de Iratxe, un lugar al que también se desplazó esa noche el jefe del cuerpo, Simón Santamaría. En opinión de estos agentes, Polo debiera haber acabado declarando ante el juez de guardia.

En estos días han emergido también versiones que añaden otros detalles, como que Polo se tambaleaba o que incluso se le cayeron las llaves momentos después del incidente. Estos extremos son difíciles de corroborar a no ser que testifiquen esos cinco agentes actuantes. No obstante, elementos como esos serían los que podrían hacer que el caso pasara de sanción administrativa, que es como se está tramitando ahora, a delito, que es lo que se reclama desde los sindicatos policiales y toda la oposición. El edil, tras dimitir, quiere cerrar el caso abonando 250 euros, cosa que estaba previsto que hiciera ayer.

En cuanto a los resultados del alcoholímetro, también son polémicos. A Polo se le hacen tres pruebas. La primera, en la calle, donde da 0,64. Tras llevarla a la comisaría, el resultado del etilómetro de precisión resulta aún más alto y Polo triplica ya lo permitido: 0,75. Finalmente, se hace una tercera prueba y es ahí donde aparecen elementos inhabituales. Según denunció una agente del cuerpo, la tercera prueba debería haberse realizado a los diez minutos. Sin embargo, a Polo se le permitió acceder al baño y cuando salió habían pasado ya 22 minutos. Otras fuentes apuntarían a que no fueron 22, sino 19. De todos modos, esta agente denunció en un programa de ETB2 que ningún policía del cuerpo ha visto que semejante bajada del grado de alcohol se produzca en 22 minutos, y menos en 19.

Ana Elizalde, relevo provisional

Maya no quiso entrar ayer en cómo se está preparando el expediente y se niega a valorar si su concejal pudo incurrir en delito. Los periodistas le interrogaron durante la rueda de prensa que ofreció para anunciar que Ana Elizalde asumiría las competencias de Seguridad Ciudadana de forma temporal y que Gabriel Viedma sustituirá al edil dimisionario en el próximo pleno. «Si creen que ha habido alguna cuestión irregular, en su derecho están y harán la correspondiente denuncia o petición», se enrocó el alcalde.

Las notas inusuales del caso han despertado el interés incluso de los ediles del PSN. Ayer, Eduardo Vall hablaba de que la tramitación del expediente y las circunstancias del vehículo convierten el incidente en algo todavía «más penoso». Por su parte, Aralar no se explicaba cómo no se tramita como delito siendo tan alta la etilometría. Bildu exige saber qué pasó en comisaría y Geroa Bai hablaba abiertamente de «trato de favor».