En su primera decisión revelante en el caso de la querella argentina contra conocidos torturadores y responsables de la represión franquista, como estaba cantado la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de extradición del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, acusado de graves torturas en la zona de Zarautz.

No obstante, la decisión española no tiene por qué cerrar este proceso. De hecho, en una entrevista concedida a Radio Euskadi en el pasado mes de diciembre María Servini de Cubría adelantaba la posibilidad de repetir en el Estado español la actuación in situ que realizó ya en Chile. Fue su reacción ante la negativa a extraditar a dos pinochetistas responsables de la muerte del general Prats y su esposa. La decisión de Servini de personarse allí para interrogar a los acusados precipitó que el caso fuera finalmente juzgado, y no en Argentina sino en Chile.

En la trayectoria de Servini figuran episodios como presentarse en persona en prisiones para resolver varios motines carcelarios en los años 80. Pero el episodio más conocido y asemejable al caso del franquismo es el del día en que aterrizó en Chile para interrogar a dos sospechosos de la muerte en 1974 del general Carlos Prats -que había sido comandante en jefe del Ejército, ministro de Interior y de Defensa y vicepresidente con Salvador Allende-, así como de su esposa Sofía Cuthbert. El Gobierno chileno se había negado a extraditarlos, así que Servini tomó la iniciativa de ir a a buscarlos a suelo chileno.

Prats y su esposa, exiliados en Buenos Aires, murieron destrozados por una bomba colocada en su vehículo, un Fiat 125, y activada por control remoto. La investigación posterior determinó que el atentado había sido cometido por la DINA, la Policía secreta de Pinochet, y en el marco de la Operación Cóndor, coordinada por las dictaduras latinoamericanas y la CIA. Pero no habría condena contra nadie hasta casi tres décadas después, gracias al impulso de Servini.

Viaje a Chile, no sin polémica

Los tribunales chilenos abordaron por primera vez el caso en 2002, tras la intervención de la jueza argentina. Antes, Servini había logrado en 1999 interrogar en Estados Unidos a Michael Townley, uno de los autores de la muerte, que confesó los hechos y realizó algunas inculpaciones, con nombres y apellidos, contra militares chilenos a los que atribuía la orden.

Tan detallada declaración tampoco sacó a los tribunales chilenos de su mutismo, y eso que el entonces presidente, Ricardo Lagos, se declaró «impactado». Las demandas de extradición cursadas por Servini no tenían respuesta, así que tomó una decisión drástica e inhabitual: intervenir en otro país. El 15 de octubre de 2001, se subió a un avión para interrogar personalmente en Santiago a los exfuncionarios civiles de la DINA Christop Willike y Mariana Callejas (esposa de Townley).

El viaje se realizó con permiso de las autoridades chilenas, que no veían forma de oponerse, pero tampoco resultó pacífico del todo. Varias mujeres seguidoras de Augusto Pinochet arrojaron huevos y piedras al vehículo de la jueza argentina entre gritos de ``Servini fuera de Chile''. El exdictador todavía vivía por aquel entonces, e incluso volvió a Santiago al constatar que el caso avanzaba.

La tenacidad de Servini dio fruto. En diciembre de 2002, casi 30 años después del atentado mortal, la Corte chilena aceptó el recurso y decidió por vez primera que había que estudiar el caso. En julio de 2010, el Supremo de Chile condenó a 17 años de prisión al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, los dos principales mandos de la DINA y ambos señalados expresamente por la confesión de Townley ante Servini. Otros 15 años recayeron en cuatro militares más, y cinco en Mariana Callejas. Acababa de paso con ello la interminable lucha de las víctimas por el reconocimiento de la verdad. Las hermanas Prats fueron a dar las gracias a la Embajada argentina nada más conocerse el fallo. Carlos Cuadrado, el nieto del general que escupiría al féretro de Pinochet en su velatorio, pudo descansar.

Prescrito

Lo seguro por el momento es que la pelota vuelve a la jueza Servini después de que la Audiencia Nacional rechazara ayer la extradición a Argentina del capitán Muñecas. El fallo es muy escueto, apenas siete folios, y totalmente previsible. Considera que los eventuales delitos imputados, cometidos en torno al año 1968, están prescritos. Y añade que tampoco son constitutivos de genocidio.

La sección tercera de la Audiencia Nacional argumenta que el delito de torturas, castigado en el Estado español con un máximo de seis años, prescribe a los diez años desde la comisión del delito o desde que el procedimiento se dirige contra el culpable. Recuerda el tribunal especial que la acción penal en este caso se inició en virtud de una querella presentada en Argentina en 2012, «por lo que ha superado crecidamente los plazos de prescripción».

Junto a ello, rechaza que los hechos de los que se le acusa pudieran «constituir un delito de lesa humanidad, dado el tenor aislado de la acción imputada» (torturas en Zarautz a Andoni Arrizabalaga, que luego pasarían a la historia resumidas en la canción ``Itziarren semea'').

A todo ello añaden los magistrados «la denegación en razón de la nacionalidad del reclamado, carente de vínculo alguno con Argentina».

Durante la vista, el fiscal Pedro Martínez Torrijos se opuso a que se le extradite alegando también la prescripción, pero en un gesto destinado a tratar de sacudirse la presión de la jueza argentina, instó a presentar una querella para investigar el tema en el juzgado natural, que está en Azpeitia. Obviamente supone una vía muerta, porque también ahí se estipularía que el asunto está prescrito.