Javier de Andrés ha propuesto que el Gobierno de Lakua asuma el 70% de la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Europeo (TUE) por no haber recuperado a tiempo las llamadas vacaciones fiscales,, ya que «si estuvo a cobrar, también tendrá que estar a pagar».

A su juicio, «lo sensato» sería que el Gobierno autonómico asumiera el 70% de la multa y que el 30% restante fuera abonado por las diputaciones de acuerdo con los coeficientes fijados en la Ley de Aportaciones.

«El abono de la sanción debería estar relacionado con los ingresos que cada administración hemos tenido por este concepto, que está en relación con nuestro peso en la CAV y con el coeficiente», ha defendido.

De Andrés ha argumentado que la sentencia «no individualiza el grado de incumplimiento» de cada Diputación de la obligación de devolver las ayudas declaradas ilegales, por lo que ha rechazado la propuesta de Bizkaia de que cada institución se haga cargo de la sanción en función de las cantidades que debían recuperar en cada territorio.

Ha recordado que la sentencia dice claramente que «el incumplimiento sancionable se produjo el 27 de agosto de 2008», ya que en esa fecha no estuvieron recuperadas todas las ayudas que habían sido declaradas ilegales, y «en ese momento había una fuerza política gobernando en los tres territorios vascos», ha indicado. en alusión al PNV.

Preguntado sobre si cree que se pueden extraer responsabilidades políticas de este tema, ha dicho que no quiere responsabilizar a nadie pero «las fechas son las que son».

Ha explicado que la Diputación alavesa tenía prevista la contingencia en sus presupuestos de este año y ha recordado que será el Gobierno español el que deberá hacer frente a la sanción y determinará cómo se abona la multa.