El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto este martes al Estado español una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales.

En rueda de prensa en la capital vizcaina, Bilbao ha dicho que la Diputación «acata la sentencia» y se compromete a «cumplirla en sus debidos términos, los comparta o no».

El diputado general considera la sanción «excesiva e injusta», porque la recuperación de las ayudas «se efectuó ya». No obstante, ha pedido una reunión extraordinaria del CVF, previa a otra de formal de la Comisión Mixta.

Respecto al posible reparto de la cantidad entre instituciones, ha asegurado que el comportamiento de cada institución en la recuperación de las ayudas debería ser «elemento esencial» para hacer el cálculo, si bien ha afirmado que la Diputación de Bizkaia no se decanta por ningún sistema para la distribución de la multa. A su juicio, ir con una postura predeterminada al CVF es un «mal procedimiento», en alusión a Gipuzkoa y Araba.