Rafa Larreina, diputado de Amaiur, ha denunciado la política de dispersión en el Congreso español cuando mañana se cumplen 25 años de su puesta en marcha. Lo ha hecho durante una interpelación al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que ha analizado las recomendaciones planteadas por el último informe sobre Derechos Humanos emitido por el Consejo de Europa.

«Mañana se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la política de dispersión. Las instituciones vascas lo han denunciado como política que va contra los derechos humanos, castiga a los familiares y va en contra del espíritu de la ley que busca la reinserción», ha denunciado Larreina.

El diputado abertzale también ha hecho referencia a las consecuencias, señalando que en los últimos años 16 familiares han perdido la vida en el trayecto para realizar una visita. «Dijeron que el objetivo era que ETA no controlase a los presos. Ha sido un fracaso, porque siguen diciendo que ese control se produce. Estamos ante el fracaso total en el objetivo después de 25 años. Pero más importante que ese fracaso es el sufrimiento. Que haya familiares que tengan que realizar 1500 kilómetros semanales, lo que se convierte en un castigo sin que haya sentencia judicial», ha señalado, lamentando los fallecimientos provocados por la política de alejamiento de los presos vascos.

Larreina también ha hecho referencia a las torturas, instando al ministro a aceptar las recomendaciones del Consejo de Europa para erradicar los malos tratos y poner en marcha «un organismo independiente» que investigue las denuncias. En este sentido, y después de que Fernández Díaz se aferrase al discurso habitual sobre las «denuncias falsas», ha echado mano de casos que él mismo conoce, como del de un arrestado, a quien no ha citado, que «permaneció desaparecido durante varias horas», incluso sin el conocimiento del juez de la Audiencia Nacional española. «En los últimos 30 años no se ha avanzado en la prevención de la tortura. Sigue siendo una asignatura pendiente, predominando la impunidad», ha señalado, haciendo hincapié en la necesidad de «implantar órganos independientes y especializados» que investiguen las denuncias.

«La dispersión se acabará cuando ETA se disuelva»

Ninguna de las reclamaciones del diputado abertzale ha encontrado respuesta en el ministro, que ha vuelto a aferrarse a la habitual exigencia que realiza a Amaiur para que solicite la disolución de ETA.

Sobre los malos tratos, Fernández Díaz se ha limitado a repetir la tesis de las «denuncias falsas» para «lograr eco mediático» e «identificar» a los agentes. Además, ha reiterado que el Estado español dispone de mecanismos de control y, «si hay pruebas que se acrediten, estas actitudes son corregidas y sancionadas a nivel disciplinario y penal». Un razonamiento que ha obviado los innumerables indultos a policías y guardias civiles condenados por torturas y que Larreina le ha recordado.

Sobre la dispersión, Fernández Díaz tampoco se ha movido. Ha defendido que se trata de una política que se aplica a todos los miembros de organizaciones armadas y ha insistido en que solo se acabará «cuando ETA se disuelva». Además, ha señalado que «los programas de reinserción se mantendrán». Una afirmación paradójica ya que hace poco más de dos años el Gobierno español presentó un supuesto plan de reinserción dirigido explícitamente a prisioneros vascos sin que en la actualidad se haya sabido más sobre el proyecto. También ha defendido la denominada «vía Nanclares», pese a que su propio Ejecutivo paralizó su desarrollo y su partido, el PP, nunca lo avaló.

«En las carreteras mueren desgraciadamente muchas personas. Algunas, cuando van a ver a sus víctimas a los cementerios», ha llegado a afirmar Fernández Díaz, sin aportar más datos. Finalmente, y pese a señalar que este asunto ha de tratarse con «sensibilidad y precisión», ha vuelto a situar el peso de la carga sobre los familiares de presos y exiliados asegurando que «cuando decidieron pasar a la clandestinidad, no pareció preocuparles tanto los problemas de desplazamiento».