Según informa la agencia Europa Press citando fuentes fiscales, el Ministerio Público «no está satisfecho» con la resolución pero considera que no existe margen para recurrir la decisión.

La Audiencia Nacional española ha absuelto a los 40 jóvenes independentistas que fueron juzgados entre octubre y enero acusados de ser de Segi. El tribunal no da validez a las declaraciones obtenidas por la Policía durante la incomunicación y cuestiona que los jóvenes declarasen «en ejercicio de su libertad».

Los jueces apelan al Convenio contra la Tortura y recuerdan que este «obliga a todo Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento».

El fallo concluye también que no se ha acreditado la «afiliación o militancia» de los jóvenes en «la organización terrorista Segi», ni que participaran en actos de «kale borroka», como sostenían las acusaciones. El tribunal entiende que los juzgados desarrollaban «actos de contenido político». De esta manera, afirma que algunos de ellos tomaron parte activa en el movimiento juvenil o en sindicatos estudiantiles, y que ejercieron de portavoces de «Gazte independentistak», pero aclara que este colectivo «no se vinculó, ni planificó, ni promoció, ni dirigió acciones de violencia callejera, ni consta que configurara grupos para ejecutarla»

«No consta que Gazte Independentistak dependiera de ETA ni que esta diseñara su estrategia y actividades. Este colectivo no asumió tarea alguna relacionada con la violencia callejera, ni consta su dependencia o complementariedad con ETA», afirma el fallo judicial.

La resolución judicial señala que el movimiento juvenil en Euskal Herria se articulaba a partir de los gaztetxes, «lugares ideológicamente plurales y con intereses diversos, que representan expresiones que van desde el feminismo al ambientalismo, los problemas de la enseñanza secundaria y universitaria, el acceso a la vivienda, la problemática del consumo de drogas, el ocio y el deporte, la música y otras manifestaciones de la cultura popular». Según el tribunal, no se ha podido acreditar que Segi controlara estos espacios.