Joaquín Giménez (Tribunal Supremo), José Ricardo de Prada (Audiencia Nacional) y  José Luis de Castro (Vigilancia Penitenciaria) han desgranado las perspectivas jurídicas del nuevo momento político en tres ponencias presentadas en el curso de la Universidad Complutense de Madrid patrocinado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua.

La dispersión, el denominado «derecho penal del enemigo», las detenciones incomunicadas, que abren espacios a vulneraciones de derechos humanos han sido algunos de los elementos que, a juicio de los togados, pueden ser eliminados para adecuar la respuesta judicial al contexto político. También se ha abordado el futuro. Y entre las propuestas, dos de los magistrados De Prada y De Castro, han rechazado la posibilidad de aplicar una «justicia transicional», aunque el último sí que ha planteado la posibilidad de que se exploren normativas «ad hoc» condicionada a una disolución de la organización clandestina.

«Debe ponerse fin a una devastación jurídica que en ocasiones ha producido el terrorismo», ha considerado Giménez, que ha abogado por una «reflexión seria y serena», al tiempo que consideraba que la «convivencia» constituye una asignatura pendiente.

En opinión del magistrado, toda la normativa excepcional «tiene el ADN de ETA», es decir, pensada exclusivamente para responder al conflicto vasco. Sobre la dispersión, el juez del TS ha recordado que la ley defiende que los presos cumplan condena en cárceles cercanas a sus domicilios.

Además, se ha planteado si tienen sentido normas como la Ley de Partidos. «¿Se justifica ahora? Esto es el tema. Nada es para siempre. Hace falta una reflexión desde esta realidad para enfocar la legalidad que tenemos», ha señalado.

Preguntando por el público tras insistir en la idea de que «los líderes de la izquierda abertzale se resisten a reconocer el daño», Giménez ha indicado que el Estado, a través de sentencias judiciales como la que absolvió a 40 jóvenes y dio veracidad a su testimonio de torturas «ha reconocido» la existencia de malos tratos. «¿Lo puede hacer el Parlamento? Podría hacerlo», ha indicado.

«Las cosas empiezan a cambiar»

De Prada, por su parte, ha considerado que «las cosas empiezan a cambiar», apoyándose en ese mismo fallo del tribunal especial. Ha recordado las condenas internacionales a la detención incomunicada («todos los relatores hacen mención a ello», ha asegurado), al tiempo que reconocía que las penas de los presos vascos «son extraordinariamiente altas, desproporcionadas y totalmente desiguales en relación a otros».

Sobre el futuro, el juez del tribunal especial ha reflexionado que «estamos en un proceso de paz, por mucho que se niegue, que tiene que ir a un proceso de reconciliación». En este ámbito, no ese ha mostrado partidario de la justicia transicional, aunque tampoco ha considerado que el «cumplimiento tajante» aporte.

«La justicia no es venganza», ha indicado, insistiendo en que todavía quedan procedimientos abiertos como el macrojuicio político contra acusados de ser miembros de Batasuna, ANV y EHAK.

El responsable de vigilancia penitenciaria, por su parte, ha analizado la actual situación en las prisiones. Ha recordado que el acercamiento no sería considerado un «beneficio» sino un derecho, afirmando que pese a que EPPK anunció que asumía la legislación penitenciaria, no ha recibido peticiones de traslado a cárceles en Euskal Herria. Algo lógico, ya que la competencia la tiene Instituciones Penitenciarias.

«La dispersión tuvo eficacia para el control de los presos», ha considerado, reconociendo que ha provocado «problemas importantes», sin mencionar, por ejemplo, que 16 familiares se han dejado la vida al visitar a sus familiares.

Además, ha planteado los problemas que pueden generar condiciones impuestas en la normativa que regula excarcelaciones como son los «signos de haber abandonado los fines y medios terroristas» y la «colaboración activa».

De cara al futuro, ha abogado por estudiar el contexto y «con esos datos, realizar una reflexión que sea constructiva y mire al futuro: qué perspectivas de beneficios y qué derechos», partiendo de la base del «máximo cumplimiento de la legalidad y el respeto a las víctimas».