El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha confirmado en Bilbo que mañana se reunirá con el fiscal superior de Catalunya y con los fiscales-jefes territoriales para tratar el tema de la consulta del 9 de noviembre y otros asuntos de «notoriedad pública» con el fin de poder tomar, con posterioridad, decisiones.

Torres-Dulce ha explicado que en esta reunión pretende escuchar a los fiscales catalanes y avanzar en «la aplicación uniforme de la ley» y llevar a cabo una «puesta al día de los asuntos de Cataluña, no solo de la consulta».

El fiscal general ha asegurado que la Fiscalía «prevaricaría» si no actuara en caso de que se suspendieran el decreto de la Ley de Consultas y de convocatoria, y «se persistiera en algún ámbito en negar la efectividad de un mandato legítimo y constitucional». «O aceptamos el Estado de Derecho o nos situamos a extramuros de él», ha aseverado.

Ha recordado que la actuación de la Fiscalía «no puede ser otra que la sujeción a la legalidad, y la legalidad, en ese caso, podría estar en el campo del Derecho Penal».

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se mantenga la convocatoria de la consulta soberanista en contra de una decisión judicial, Torres-Dulce se ha mostrado partidario de «esperar a ver qué conductas pudieran concurrir en delito, y si sucede eso, actuar».

A su juicio, en caso de mantener la consulta, anticipar una respuesta sobre en qué presuntos delitos podría incurrir el president de la Generalitat, Artur Mas, sería entrar en el terreno de la «ciencia-ficción», y se ha mostrado «absolutamente seguro» de que esa situación «no se va a producir».

«No puedo ni quiero imaginar ese escenario», ha afirmado el fiscal general, quien ha precisado que si se mantuviera la consulta en contra del mandato constitucional se llevarían a cabo las actuaciones judiciales «pertinentes», como se haría «en cualquier otra actividad» para cumplir las leyes.