Se acabó el tiempo muerto. La firma del Decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre es el pistoletazo salida que hará que los acontecimientos se precipiten en las próximas semanas. En primer lugar, la publicación de la Ley de consultas y del Decreto ponen la pelota encima del tajado de Madrid, que como no se ha cansado de repetir en los últimos meses, recurrirá ambos textos al Tribunal Constitucional.

Para ello, el Gobierno español deberá convocar un Consejo de Ministros extraordinario. Lo podrían hacer hoy mismo o mañana, aunque desde China, el presidente, Mariano Rajoy, anunció que lo dejaría para el lunes. El Gobierno debe pedir un informe al Consejo de Estado, que también se puede reunir de urgencia y, posteriormente, ordenar a la Abogacía del Estado que presente el recurso en el Tribunal Constitucional (TC), cuyo registro está abierto de 9.30 a 15.00 horas, de lunes a viernes. Por lo tanto, el TC tendrá los dos recursos encima de la mesa el mismo lunes.

El Constitucional ha celebrado sesiones plenarias a lo largo de esta última semana y no se vuelve a reunir de forma ordinaria hasta el 7 de octubre. Esto no impide, sin embargo, que se reúna también de forma extraordinaria y cumpla lo que para el Gobierno español no parece ser más que un trámite, convencido como está de la inconstitucionalidad de las iniciativas catalanas. En cualquier caso, el TC puede tardar meses o incluso años en decidir sobre la constitucionalidad de la Ley y del Decreto, pero una vez admitidos a trámite los recursos, quedarán automática y cautelarmente en suspenso.

Con la suspensión constitucional en la mano, la pelota volverá al tejado catalán, donde a día de hoy son más las preguntas que las respuestas. Sea cuál sea la decisión de Mas, éste ya ha anunciado que lo primero que hará será llamar a los responsables de las formaciones favorables al derecho a decidir, con los que tratará de consensuar los pasos a seguir. No será fácil, aunque ni mucho menos imposible. CiU ha repetido en más de una ocasión -aunque cada vez menos- que no le gusta la idea de mantener la consulta en caso de veto estatal, ERC ha suavizado en los últimos días sus llamados a la desobediencia -habrá que ver si finalmente entra en el Govern-, ICV-EUiA ha mostrado algunas reservas y ha apostado por «acordar los mecanismos de desobediencia», mientras que la CUP ha realizado una defensa cerrada de la consulta sea ésta legal o no.

En cualquier caso, es probable que la preparación de la consulta continúe, al menos algunos días. En las próximas horas en las que la convocatoria es perfectamente legal, el Govern aprovechará para dar todas las ordenes necesarias para tener a punto toda la logística de la consulta, empezando por la campaña institucional de información, que podría empezar hoy mismo.

Si los partidos catalanes deciden, por lo tanto, seguir adelante con los preparativos de la consulta, la pelota regresará al tejado español, que tendrá que decidir si ignora los preparativos catalanes o los combate judicialmente. Aunque existen disparidad de opiniones, hay quien dice que podría llegar a acusarse de prevaricación, rebelión y sedición a los impulsores de la consulta, así como a aquellos que colaboren con ella. Otra opción para el Gobierno español, lejana pero posible, pasa por la suspensión de alguna de las funciones de la Generalitat necesarias para celebrar la consulta, como son los Mossos d'Esquadra, por ejemplo. A partir de aquí, cualquier predicción no dejaría de ser mera especulación. En cualquier caso, no habrá que esperar demasiado para encontrar las respuestas a todas las preguntas. Empiezan 43 días de vértigo hasta el 9 de noviembre.