El 11 de julio, un centenar de profesionales firmaba una contundente denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid. Como publica hoy mismo GARA, que tuvo acceso al auto, el juez tardó menos de dos meses en archivarlo por considerar que «no resulta debidamente justificada la perpetración de infracción alguna».

Lo aseguraba el magistrado Pedro López Jiménez el 17 de setiembre, más de un mes después del fallecimiento en el Carlos III de Miguel Pajares, el primer sacerdote repatriado desde Liberia y a cinco días de que aterrizase Manuel García Viejo, trasladado desde Sierra Leona.

Tras informar a la Fiscalía, el togado extendió el sobreseimiento provisional a través de una providencia a fecha de 23 de setiembre, tres días antes del fallecimiento del segundo de los religiosos y momento en el que se ubica, siempre dentro de las hipótesis difundidas por Sanidad, el contagio de Romero, que actualmente se encuentra en estado grave.

Como puede verse en la página web de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), las quejas se desataron desde abril, pero fueron ignoradas tanto por los responsables de los centros como por la Justicia.

Sin explicaciones

En el auto, el magistrado no da explicaciones sobre por qué archiva la querella interpuesta por los sanitarios, que ya llevaban desde abril denunciando que la designación del hospital La Paz como centro de referencia en detrimento del Carlos III, desmantelado para convertirlo en geriátrico, no cumplía con los mínimos requisitos de seguridad.

Los profesionales sabían de lo que hablaban, ya que contaban con la experiencia de dos alarmas declaradas ese mes y que evidenciaron la falta de preparación para hacerles frente. «Los talleres se limitan a explicar cómo usar los equipos de protección individual», denunciaban, que advertían que en los cursillos no se resolvieron dudas básicas sobre el traslado, el modo de realizar las pruebas diagnósticas o la higiene.

«Incluso la demostración práctica realizada para la retirada de los equipos, teóricamente contaminados y altamente infecciosos y fundamental para evitar la propagación del virus, deja bastante que desear y desde luego es insuficiente para que nadie pueda asumir que esta formación nos convierte en expertos y nos capacita para realizar esta actividad adecuadamente, sin comprometernos a nosotros mismos, como al resto de personal y pacientes». Ante una denuncia tan contundente, queda por saber cuáles fueron las investigaciones desarrolladas por el juez y el fiscal para verificar estas acusaciones.

No obstante, los sanitarios todavía llegaban a más y alertaban sobre un descenso en el nivel de seguridad que carecía de «justificación alguna» ya que, si bien los trajes eran los recomendados por la OMS, «no son específicos para tratar a los pacientes críticos».

Sobre la designación de La Paz, los profesionales enumeraban diversas disfunciones, desde su amplitud y la dificultad para la evacuación hasta la falta de habitaciones de presión negativa. Finalmente, los dos sacerdotes fueron trasladados al Carlos III, que ahora ha vaciado tres plantas para atender a los 14 hospitalizados (de los cuales, únicamente Romero está contagiada). Paradójicamente, ayer se hacía público el contrato que certificaba el desmembramiento del Carlos III como centro especializado en enfermedades infecciosas. La reforma se ha entregado a Copcisa por un valor que supera el millón de euros.

Los sanitarios presentaron la denuncia ante el juzgado después de alertar a toda la cadena de mando de los centros médicos, donde tampoco obtuvieron respuesta. Ahora, es la Fiscalía de Madrid la que abre diligencias de oficio. Tres meses después de que los sanitarios ya advirtiesen qué podía ocurrir.