El documento presentado en Baiona insta a París a dialogar con ETA, de forma discreta, en primer término, y dando publicidad a los pasos efectivos, después.

En el acto de presentación han participado Jean-René Etchegaray (alcalde de Baiona, centrista), Kotte Ecenarro (alcalde de Hendaia y vicepresidente del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, del PS), Max Brisson (miembro del Consejo General de los Pirineos Atlánticos, concejal en Biarritz y secretario departamental de la UMP), Frédérique Espagnac (senadora por Pirineos Atlánticos, del PS), Jean-Jacques Lasserre (senador por Pirineos Atlánticos, miembro del Consejo General, presidente del Consejo de Electos del País Vasco, del partido centrista), Xabi Larralde (representante de Sortu), Jakes Bortayrou (representante de Abertzaleen Batasuna), Michel Larralde (secretario general de la CFDT Pays Basque) y Jean Lissar (portavoz de Europe Écologie-les Verts Pays Basque).

También han estado presentes Brian Currin y Raymond Kendall, del Grupo Internacional de Contacto, de visita estos días en Euskal Herria, y la representante de Lokarri Aitziber Blanco.

El documento aprobado dedica especial atención a la cuestión de los presos, en la que distingue los pasos a dar en el marco legal vigente y los que necesitarían de nuevos consensos y soporte jurídico.

Presos

En el primer apartado, reclama el acercamiento, el reagrupamiento y la aplicación de derechos sin restricciones a todas las personas presas. Y solicita la puesta en libertad de aquellos que puedan beneficiarse de la libertad condicional o provisional, de aquellos que están al final de sus condenas, así como de los presos enfermos. Demanda, asimismo, la elaboración por parte de las instituciones públicas de un plan de reinserción social, que atienda a cuestiones tales como la ayuda al empleo, la vivienda o el acceso a ingresos por jubilación.

En el segundo apartado, el escrito plantea la puesta en marcha de una instancia ad hoc para establecer las condiciones para la puesta en libertad de los condenados que no pueden solicitar la libertad condicional y de los detenidos que no pueden acceder a la provisional; la libre elección del lugar de residencia de los exiliados; la suspensión de los procedimientos judiciales y policiales en contra de los militantes buscados y la toma en consideración de su situación caso por caso; la exclusión de los delitos políticos en la aplicación de la euroorden, y el establecimiento de una suspensión transitoria en su aplicación en todos los casos relacionados con el conflicto.

Los firmantes llegan a reclamar la elaboración en último término de una ley de amnistía para los asuntos relacionados con el conflicto vasco.

Acuerdo entre París y ETA para el desarme

Sobre el final de la actividad armada de ETA, el documento demanda un acuerdo entre el Gobierno francés y esta organización, bajo control internacional, para proceder al desarme, así como para definir las condiciones y procedimientos del desmantelamiento de sus estructuras en el Estado francés.

Reclama también una comisión de la verdad y la reconciliación, al objeto de esclarecer lo sucedido en torno al conflicto, reconocer el sufrimiento de todas las víctimas y precisar medidas de reparación.

Marco institucional propio

En el ámbito más político, las fuerza con representación en Ipar Euskal Herria reclaman un marco institucional propio para las tres provincias vascas, como contribución positiva a una paz duradera.