Lo hizo en la sala de prensa de la sede central de Génova 13, que -¡vaya por Dios!- según la Agencia Tributaria ha informado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se renovó y quedó así de reluciente pagada con dinero negro. Y -ya es mala suerte- la Operación Púnica estalla la víspera de que hoy el anterior secretario general del partido, Ángel Acebes, tenga que acudir a declarar a la Audiencia Nacional por haber permitido tejemanejes en la Caja B del PP para la compra de acciones de la Libertad Digital de Federico Jiménez Losantos. Y cuando a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, le rodea una «donación» de 200.000 euros sucios con la que financió su campaña en Castilla-La Mancha. Suma y sigue en esas «algunas cosas» que ni se atrevió a nombrar el presidente, Mariano Rajoy, el domingo en la reunión intermunicipal de Murcia.

Y, entre tanto, el número dos del PSOE -partido al que también le ha caído su porcentaje de Operación Púnica- anuncia la suspensión de militancia del alcalde de Parla (y los que vengan todavía) al grito panfletario de «ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez», con lo que César Luena confirma el secuestro de la ideología por la mercadotécnia y la expropiación del partido a los militantes para entregárselo al odontólogo que pulió la sonrisa del nuevo secretario general.

Cuando las aguas subterráneas del entramado municipal y autonómico español hieden hasta el punto de que la Audiencia Nacional tiene que mandar a la Guardia Civil para ver si es posible salvar todavía los muebles del régimen del 77, el PP y el Partido de Pedro Sánchez creen que su situación la salvan borrando la afiliación de los peones que van cayendo en manos de los jueces. Y mientras, desde Moncloa anuncian a los grandes empresarios (sus corruptores o jefes) que si tras las elecciones vienen mal dadas, ya harán una coalición.