Tras el encuentro, la Fiscalía General ha informado en un comunicado que la Fiscalía Superior de Catalunya «dará cuenta al fiscal general del Estado de la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del ministerio público».

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la reunión se ha llevado a cabo a petición de la Fiscalía de Catalunya por las divergencias que mantiene respecto al borrador de la querella que le remitió la Fiscalía General del Estado y que estaba previsto presentar hoy.

A la reunión, celebrada en la sede del ministerio público, han asistido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acompañado del responsable de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno, y, por parte de la Fiscalía de Catalunya, el fiscal superior, José María Romero de Tejada, y su número dos, el teniente fiscal Francisco Bañeres.

El objetivo de la reunión era acercar posiciones sobre los distintos puntos de vista que ambas Fiscalías mantienen en relación con la calificación jurídica de la querella, es decir los delitos que podrían imputarse al Gobierno catalán por la organización de la consulta alternativa del 9N.

La Fiscalía de Catalunya recibió hace unos días un primer borrador de querella, que se dirige contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramon Espadaler, y propone acusarles de los delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros.

Ayer por la mañana, Romero de Tejada reunió a fiscales de la Fiscalía Superior de Catalunya, que tras estudiar el borrador de la querella propusieron atenuar su alcance y, entre otros aspectos, limitar la acusación contra el Gobierno catalán a un delito de desobediencia, que no lleva aparejado pena de inhabilitación. Romero de Tejada y Francisco Bañeres han defendido hoy esa propuesta de modificación del borrador de querella ante Eduardo Torres-Dulce.

La Fiscalía de Catalunya, además, plantea la necesidad de excluir de la querella a Espadaler, a quien el borrador inicial propone imputar por la confección de las papeletas y urnas del 9N –que elaboraron presos de la cárceles catalanas–, aunque este conseller no es el responsable del sistema penitenciario catalán.