Cuatro días después de la celebración del 9N, y mientras el president, Artur Mas, se reúne con representantes políticos para tratar de consensuar una nueva hoja de ruta, el pleno del Parlament ha aprobado una moción en la que rechaza la querella que prepara la Fiscalía contra Mas y miembros del Govern y en la que insta al ejecutivo catalán ha crear un grupo de trabajo que diseñe el proceso constituyente de la futura República catalana «si esta fuese la voluntad mayoritaria de los catalanes y las catalanas. Este grupo debería ser designado «de forma conjunta por el Parlament de Catalunya y por agentes políticos y sociales representativos de la pluralidad del tejido existente».

Además, la moción rechaza «frontalmente» cualquier exigencia de responsabilidades «por vía judicial en relación al proceso participativo del 9 de noviembre», denuncia la «criminalización de las movilizaciones ciudadanas» por parte del PP y asume «de forma solemne y colectiva todas las consecuencias que se puedan derivar». Es decir, como han explicado los diputados de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, todos se autoinculpan por el 9N como respuesta a la querella que, según lo anunciado por el PP, presentará la Fiscalía en los próximos días.

El Parlament rechaza además la actuación de la Delegada del Gobierno español en Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, por considerar que «se ha extralimitado en sus funciones y que ha amenazado a Ayuntamientos y directores de institutos». De hecho, la moción pide la dimisión de Llanos de Luna e «insta al Govern a estudiar los mecanismos legales que convenga aplicar para defender las competencias de la Generalitat afectadas».

Finalmente, la moción -que también felicita al pueblo de Catalunya por la jornada del 9N y por su voluntad de ser reconocido «como sujeto político soberano a todos los efectos»- pide al Govern que que se dirija a las instituciones y a la comunidad internacional «para trasladarles el resultado del proceso participativo del 9N».