El equipo de ocho expertos ha tomado la palabra a petición de los abogados de la defensa. Uno a uno, han desgranado tanto las pruebas realizadas a cada uno de los jóvenes dentro del marco del protocolo avalado por la ONU. Además, han puesto énfasis en las consecuencias sicológicas que sufren las víctimas del tormento: entre ellas, bloqueo, necesidad de control, fobias, cambios en la personalidad o dificultades en las relaciones afectivas en los casos en los que padecieron vejaciones sexuales.

El fiscal, por su parte, ha intentado desacreditar el informe, buscando cuestionar la metodología.
La sesión ha sido observada también por miembros del Comité para la Prevención de la Tortura del Estado español. Su portavoz, Irene Ruano, ha recordado que este juicio es consecuencia de otro macroproceso cuyos 40 imputados fueron absueltos al considerarse, entre otras cuestiones, que sus derechos pudieron ser vulnerados durante la incomunicación, tal y como recogía la sentencia. Además, ha recordado los riesgos que entraña este régimen de arresto, según diversas instancias internacionales.

El macrojuicio, ya en su recta final, seguirá este martes con la declaración de los últimos peritos policiales y, previsiblemente, el informe final de la Fiscalía.