La querella que se instruye en el Juzgado de Azpeitia va a ser ampliada por la Diputación de Gipuzkoa, al constatarse hasta seis nuevos trabajos falsos por los que se pagaron 10,2 millones de euros. Se suman a los 3,4 que costó el inexistente traslado de 900.000 metros cúbicos de tierra al depósito de Basagoiti 2.

Las irregularidades se han constatado en la revisión exhaustiva realizada a raíz de ello. Y ahí se ha descubierto que se pagó más cemento del que realmente se colocó en los tres túneles de este tramo o que se pagó a las constructoras mucho más en tres partidas derivadas de dos desprendimientos producidos en la obra en 2007 y 2008.

Según ha detallado la diputada Larraitz Ugarte, estas seis que siguen son las partidas infladas. Por excavación de zanjas para apoyo de falso túnel se han pagado 1,61 millones de euros más; por ejecución de terraplenes sobre boquillas, 168.000 euros más; por el hormigón colocado en los túneles, 3,67 millones más; por el transporte de la tierra de los desprendimientos, 2,8 millones más; por el relleno colocado para paliar esa situación, casi 400.000 euros más; y por el cemento inyectado en esa zona, 1,5 millones más. La auditoría ha sido realizada por una empresa de ingeniería salida de la UPV, Ingeotyc.

Pese a que Ugarte ha calificado todo de mala noticia y de realmente grave, el desglose de datos deja situaciones auténticamente grotescas. Así, los desprendimientos citados alcanzaron una altura máxima de 40 metros, pero lo pagado realmente en rellenos son 189.000 metros cúbicos, lo que supone dos columnas de 1.900 metros de altura, «dos montes del Pirineo» en palabras de la diputada.

Del mismo modo, por transporte del material desprendido se pagó un 8.200% más de lo realmente gastado. «Esto supondría que se hundió todo el túnel, con lo que hoy día en lugar de túnel habría allí una trinchera», refleja la Diputación.

Cabe recordar que la liquidación de la obra se produjo en junio de 2011, seis días antes de que Bildu relevara al PNV en la Diputación de Gipuzkoa. Y por una obra que en realidad había sido acabada en 2009. Se trata del tramo Arrasate norte-Eskoriatza norte de la AP1.

El diputado general era Markel Olano y el consejero de Infraestructuras, Eneko Goia, ambos en la actualidad cabezas de lista del PNV en Gipuzkoa y Donostia respectivamente. Están imputados en el Juzgado el entonces director gerente de Bidegi, Agustin Zugasti, y sendos representantes de la UTE y la empresa de ingeniería que acreditó los trabajos. Fueron quienes firmaron aquella liquidación junto a Borja Jauregi, entonces presidente de Bidegi y ya fallecido.