En la audiencia han estado presentes familiares, amigos, vecinos de Intxaurrondo y representantes de Sortu. Todos ellos portaban camisetas naranjas con la foto de Anza y la pregunta «Non da Jon?» que tan conocida se hiciera tras su desaparición en abril de 2009.

La abogada de la familia, Maritxu Paulus-Basurko, ha indicado a GARA que el tribunal, compuesto por tres magistrados, escuchó las intervenciones orales «con gran atención y respeto». Las primeras, en tanto en cuanto es la familia quien presenta la demanda, han correspondido a los letrados Julien Brel y la propia Paulus-Basurko.

Los dos se han reafirmado en la petición de condena al Estado por «irregularidades graves» y han solicitado una indemnización por los daños y perjucios causados por el deficiente proceder de sus estamentos.

A continuación ha tomado la palabra la abogada del Estado, quien ha minimizado las irregularidades documentadas en el sumario y relatadas in situ por los abogados de la familia y ha concluido que, en cualquier caso «no fueron graves».

La tercera parte en intervenir, en su función de defensa del interés público, ha sido la Fiscalía. A su entender, la investigación de Baiona se realizó correctamente. Sin embargo, ha admitido varias irregularidades habidas en Toulouse. Para el fiscal todas esos fallos son «menores» pero su cúmulo podría considerarse como «irregularidad grave». No obstante,  en caso de que el tribunal declarase culpable al Estado, estima que la indemnización solicitada por los demandantes debería ser de menor cuantía toda vez que la «forma de vida» que llevaba el militante de ETA dificultó su búsqueda e identificación. El Tribunal dará a conocer su decisión el próximo 13 de mayo.