«Declarar al ciudadano Felipe González como persona non grata para el pueblo venezolano», ha sido la propuesta aprobada y llevada al hemiciclo por el representante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour.

Esta decisión del Parlamento se produce un día después de que se confirmase que el expresidente del Gobierno español tiene previsto llegar pronto a Venezuela para actuar como asesor técnico ad honorem de la defensa del dirigente opositor Leopoldo López, informó el lunes el abogado de este, Juan Carlos Gutiérrez.

López está preso desde febrero de 2014 por delitos vinculados a los hechos violentos registrados entonces en Caracas y que fueron la antesala de las protestas en contra del Gobierno que se extendieron durante cuatro meses y que dejaron 43 muertos, centenares de heridos y detenidos.

Ante la decisión de González de integrar la defensa de López, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 25 de marzo que el expresidente español «no tiene facultades» para ejercer la abogacía en el país caribeño así como tampoco «tiene facultades para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela».

El mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que González carece siquiera de «moral para decir la palabra Venezuela».

En su alocución en la AN, Jabour ha calificado la decisión de nombrar persona non grata a González como un «problema de soberanía».

«Le decimos desde aquí a este señor que estuvo comprometido y está comprometido con la derecha internacional (...) que actuó como agresor en la política internacional que (...) (esta decisión) es un problema de soberanía», ha sostenido.

La propuesta se ha aprobado en una sesión en la que también se ha dado luz verde a un acuerdo de rechazo a las resoluciones del Parlamento español y de los senados colombiano y chileno que pidieron la liberación tanto de López como del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso y acusado de conspiración.

Estas resoluciones han sido calificadas por el diputado oficialista Darío Vivas, quien ha leído el acuerdo parlamentario, como una «agresión» y sus contenidos como «injerencistas».