Erkoreka ha afirmado, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que si la Ley de Vivienda se aplica con arreglo al último texto presentado «cualquier persona de cualquier lugar del mundo» por el hecho de estar empadronada en Bizkaia, Gipuzkoa o Araba sería titular del derecho subjetivo a una vivienda, algo que ha dicho no está previsto ni en los países que inventaron el Estado de Bienestar, lo que puede generar un efecto llamada de «proyección mundial».

Además ha argumentado que el texto echa por tierra todas las previsiones económicas, ya que originariamente se calculó que el impacto sobre los presupuestos de esta norma sería de 715 millones y ahora las estimaciones se «disparan sin límite» y resulta «absolutamente imposible» su asunción.

«Esta una cuestión de sensibilidad social, sino de rigor y seriedad en las cuentas públicas», ha incidido Erkoreka, quien ha recordado que en la CAV en la actualidad hay 30.000 familias que perciben la prestación complementaria de vivienda y que la política social del Ejecutivo autonómico no tiene parangón en su entorno.

El consejero ha dicho que existen otras cuestiones técnicas y jurídicas «controvertidas», ya que el texto tal y como está redactado «puede perjudicar claramente a los vascos» que tienen una segunda residencia en la CAV en favor de quienes la tienen fuera del territorio, donde no sería de aplicación la norma.

Ha añadido que el texto también obligaría a destinar «todos los recursos al alquiler» lo que «desbarataría» el actual sistema que también incentiva la rehabilitación urbana. Además ha alertado de que podría suponer el fin del alquiler privado.

«Hay una razón económica sólida pero hay muchas razones técnicas y jurídicas que desaconsejan la toma en consideración de esta normativa y aconsejan aparcar la proposición de ley», ha resumido Erkoreka.

El portavoz y consejero de Administración Pública y Justicia también ha dicho que una norma de este tipo requiere de un «amplio consenso», ha incidido en que existían conversaciones «firmes» entre el PNV y el PSE sobre este proyecto y ha añadido que el periodo preelectoral no es el idóneo para, «de manera precipitada», impulsar un norma que puede condicionar las políticas sociales y las cuentas del futuro.