Con la simple lectura de la sentencia 13/2015 redactada por Ángela Murillo no es fácil discernir por qué razón siete jóvenes vascos más han sido condenados a seis años de prisión, mientras otros, como es de ley, son absueltos. Diríase que una suerte de macabra lotería hace que por poner unos carteles de Segi acabes siendo condenado por «pertenencia a organización terrorista» y pagando tu pena a cientos de kilómetros de casa, a modo de castigo añadido para tus familiares y amigos. Recordemos, además, que muchos de los imputados en este proceso denunciaron haber sufrido torturas, de las que el tribunal prácticamente se mofa hasta ridiculizarlas, llevándose por delante en sus apreciaciones al Protocolo de Estambul y a los peritos que declararon en el juicio.

Tampoco parece jurídicamente correcto ni democráticamente entendible que estando la sentencia fechada ayer mismo y habiendo plazo para su recurso, las policías lleguen a la caza de los jóvenes condenados antes que la propia comunicación del fallo, con el único fin de evitar acciones de solidaridad con los mismos y de expresiones de resistencia pacífica a lo que buena parte de la ciudadanía vasca considera una evidente injusticia.

Y lo que a muchos vascos y vascas se les hará difícil de entender es que en esa alocada carrera represiva participe la Ertzaintza, ese cuerpo policial que según la Ley está «bajo el mando supremo del Gobierno, que lo ejerce a través del Lehendakari». El 1 de diciembre de 2006, el Parlamento vasco acordó «exigir la desaparición de la Audiencia Nacional como tribunal especial, que no hace efectivas las garantías procesales, especialmente cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo torturas». El 5 de junio de 2014, la Cámara rechazó, una vez más, «la política de dispersión que se aplica a los presos vascos». El 19 de enero de este mismo año el Parlamento volvía a pronunciarse «contra la estrategia político-judicial impulsada por el Gobierno español que, tres años y tres meses después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad violenta, (...), continúa desarrollando operaciones policiales bajo el principio acusador de que 'todo es ETA'».

Todas esas denuncias son aplicables en este caso. Pero la Ertzaintza, con la reivindicación de ser una policía integral, da la espalda a los acuerdos del Parlamento para ponerse a las órdenes de un «tribunal especial» y de «una estrategia político-judicial», que acabará llevando a siete jóvenes a lejanas cárceles.