El pleno de la Cámara autonómica ha debatido una proposición no de ley de EH Bildu en la que, entre otros asuntos, reclamaba instar al Gobierno a que juzgue a los responsables de las «desapariciones forzadas» durante la Guerra de 1936 y el franquismo, y a levantar todos los «obstáculos» para que se conozca toda la verdad sobre las vulneraciones de derechos en dicho período.

Finalmente EH Bildu y PNV han pactado una enmienda, que es la que se ha aprobado, en la que se pide al Gobierno español que autorice las órdenes de detención preventiva y posterior extradición a Argentina de las personas vivas a las que la jueza María Servini ha imputado por crímenes durante el franquismo. Servini sigue en su país una causa por los crímenes contra la humanidad tras admitir en 2010 una querella presentada por las víctimas, en virtud del principio de justicia universal.

El pasado 31 de octubre de 2014, la jueza Servini ordenó detener a 20 personas, entre ellas ocho exministros franquistas, uno de ellos Rodolfo Martín Villa, a quien acusa de ser responsable de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, cuando cinco obreros fallecieron tras una carga policial y varias personas resultaron heridas.

Interpol Argentina ya pidió al Estado español la detención de estas personas con fines de extradición, pero este bloqueó la orden y Servini la remitió directamente al Ministerio de Justicia, que decidió denegarla el 13 de marzo de 2015.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de ofrecer «refugio» a esos «torturadores y asesinos» que han perpetrado «gravísimos delitos», y a la Fiscalía de «mirar a otro lado».

Juan Carlos Ramírez (PNV) ha reivindicado «reparación, justicia y compensación», garantizar la verdad para los represaliados por el franquismo para acabar con la «impunidad» de los culpables y que se cumpla el derecho internacional en relación a los imputados por la jueza argentina.

El PSE se ha abstenido en la votación de esta iniciativa porque, aunque comparte esa vía penal para los imputados, los tribunales españoles han concluido ya que no es posible su extradición, ha explicado el parlamentario Mikel Unzalu.

Por su parte, Carmelo Barrio (PP) ha insistido en que su partido se alinea con los pronunciamientos que ha hecho ya la Justicia negando estas extradiciones y ha acusado a Arzuaga, al que ha calificado de «defensor de la intolerancia y del totalitarismo que representa ETA», de presentar esta iniciativa cuando aún tiene asignaturas pendientes y «ataduras de ETA y sus asesinatos».

El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, también ha acusado al parlamentario de la coalición soberanista de «cinismo e hipocresía política» porque «sigue jaleando a una banda terrorista cuya disolución sigue sin exigir», y ha defendido tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la Ley de Memoria Histórica.