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GASTEIZ

Aprobada en la Cámara de Gasteiz la ley que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda

El Parlamento de Gasteiz ha aprobado, con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD, la Ley de Vivienda que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos, la imposición de un canon a viviendas vacías y reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales.

Concentración de Stop Desahucios en el exterior del Parlamento de Gasteiz. (Raul BOGAJO/ARGAZKI PRESS)
Concentración de Stop Desahucios en el exterior del Parlamento de Gasteiz. (Raul BOGAJO/ARGAZKI PRESS)

La norma ha sido aprobada con los votos del PSE –partido que ha impulsado la ley–, EH Bildu y UPyD, aunque ha sido rechazada por el el PP y el PNV, partido que deberá gestionarla desde el Gobierno autonómico pese a que no cree en ella y ya en su momento la criticó afirmando que podría generar un «efecto llamada» de «proyección mundial».

La ley ha salido adelante por la mínima, ya que soberanistas, PSE y UPyD suman 38 parlamentarios frente a los 37 de PNV y PP, que han acusado al PSE de no haber buscado un verdadero consenso sino de limitarse a pactar con las formaciones que le daban la «suma aritmética» necesaria para su aprobación.

En el Parlamento de Gasteiz han estado presentes activistas antidesahucios, que han celebrado la aprobación de la norma al grito de «Sí se puede», razón por la que han sido expulsados de la Cámara. También se han concentrado en el exterior del Parlamento.

El aspecto más novedoso de la ley aprobada este jueves es el estatus de subjetivo que concede al derecho a la vivienda, lo que significa que las personas con escasos recursos y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios podrán acudir a la Justicia para reclamar a la Administración que les facilite una vivienda en alquiler.

Este no es el único aspecto llamativo de la ley, ya que también ha dado qué hablar el canon a las viviendas vacías durante más de dos años, la posibilidad de que la Administración expropie temporalmente pisos a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en la CAV se destine al alquiler.