El nuevo desafío del Estado español a Europa con su negativa a descontar a los presos condenas cumplidas en otros estados parece estar provocando un enfado creciente en Bruselas. Si hace una semana la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, indicaba a la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao que la Comisión analizará la actitud española, ahora la misma Jourová ha indicado al diputado de Amaiur Jon Iñarritu que cabe la opción de «incoar procedimientos de infracción».

Todo ello está pendiente del análisis de la documentación que el Estado español tenía que entregar, a demanda de Bruselas, con fecha tope de 15 de mayo. En aquel momento permanecía abierta la opción de que desde Madrid se presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para aclarar directamente cómo desarrollar la decisión marco del año 2008, que el Gobierno del PP ha intentado esquivar con una reforma legal ad hoc. Sin embargo, a finales de mayo el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional cerró la puerta definitivamente a opción lógica, que antes también había desestimado el Tribunal Supremo, en ambos casos por escasa mayoría.

Con ello, todos los aparatos judiciales españoles venían a acatar la argucia legal del PP. Y los presos afectados (decenas de ellos vascos) se veían abocados a presentar recursos ante el Tribunal de Estrasburgo para reivindicar el descuento de condenas, lo que supondría un proceso de varios años, como ya fue necesario para anular la ilegal «doctrina Parot». Sin embargo, tanto en la respuesta dada a Bilbao como en la que ahora ha trasladado a Iñarritu queda claro que la CE no está cruzada de brazos ante la cuestión.

En el primero de los mensajes, la comisaria europea de Justicia, la checa Vera Jourová, indica que «está al corriente de las decisiones de los tribunales españoles y de los votos particulares de los jueces [críticos] sobre el asunto» y anticipa que «se estudiará la situación con vistas a garantizar la correcta aplicación» de la decisión marco de 2008 «por parte de todos los estados miembros».

Contundencia creciente

Esa respuesta está fechada el 12 de junio. La dirigida a Iñarritu es del 15, tres días después, y resulta más contundente, quizás porque la pregunta también es más directa.

El diputado de Amaiur comienza haciéndose eco de la decisión del Supremo de anular las órdenes de libertad de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola, en marzo pasado, y requiere a Jourová que explique «cómo garantizará la aplicación real y efectiva de dicha decisión marco, habida cuenta de que el Estado español sigue sin computar el tiempo de condena cumplido por un preso en el Estado que originalmente les condenó, ignorando así la decisión marco».

Interpelada así, Jourová reitera lo que expuso a Izaskun Bilbao: que la misión de la Comisión es asegurarse de que los estados miembros «incorporan y aplican correctamente en la práctica la legislación de la UE. Esto se hace principalmente a través del diálogo y la cooperación para resolver cualesquiera incoherencias en las legislaciones de los estados».

A continuación, añade que «después del periodo transitorio de cinco años» otorgado a los estados para que trasladasen a su legislación interna la decisión marco de 2008, a cada uno de ellos se le ha pedido que notifique exactamente qué es lo que ha hecho. Explica Vera Jourová que cada trasposición será «evaluada a fin de garantizar la adecuación»&flexSpace;y añade finalmente que «las medidas que se tomen a continuación se decidirán caso por caso y podrían incluir la incoación de procedimientos de infracción, si la Comisión Europea así lo decide».

En la práctica, esto supone que Bruselas tomaría cartas en el asunto sin necesidad de esperar varios años para que esta nueva doctrina destinada también a estirar las condenas lo más posible sea dirimida en Estrasburgo por la vía de recursos individuales.

Incidencia

La aplicación correcta de aquella decisión marco, antes de que entrara en vigor la trampa legal del PP, ya supuso la puesta en libertad de Plazaola y Arrozpide en el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el Gobierno español, a través de la Fiscalía, consiguió dar vuelta a la resolución de una de las secciones de la Audiencia Nacional, no sin abrir un fuerte debate entre los jueces de este tribunal especial y del propio Supremo.

Aunque no en un primer momento, en que solo repercutiría en unos pocos, se estima que decenas de presos vascos podrían salir a la calle antes de que lo quiere el Estado español durante los próximos meses o años si la decisión marco europea se aplica en sus justos términos.

Traslados, otro tema

Colea además estos días otro asunto relativo a los presos en el que el criterio europeo se enfrenta a los deseos españoles. Autoridades de Madrid y París analizaron el jueves cómo materializar la decisión de trasladar al Estado español a los presos vascos con esta nacionalidad que cumplen condena en el Estado francés (y viceversa). El Gobierno del PP pretende hacerlo, pero aplicándoles igualmente la política de dispersión, lo que vulnera la filosofía de la norma europea, que consiste en acercarles a sus entornos familiares, sociales y lingüísticos.

No ha trascendido si se llegó a algún tipo de decisión en esta cumbre de máximo nivel. Basta apuntar que por parte española estaban convocados a París el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, o el director general de Prisiones, Ángel Yuste.

El asunto afecta a más de medio centenar de vascos, que en función de las condiciones en que se ejecute la decisión europea podrían preferir incluso seguir cumpliendo condena en el Estado francés.