Tras algunas semanas de tregua el Estado vuelve a centrarse en la amenaza sobre Catalunya. La cercanía de las elecciones plebiscitarias del 27 de setiembre ha provocado que el Gobierno español pise el acelerador en sus advertencias veladas. Ya no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que prevé la suspensión de la autonomía y que, hasta el momento, había mantenido en un cajón, al menos de forma retórica. A ello se le suman los trámites para la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y que incluye la posibilidad de intervenir en los territorios en caso de «emergencias». PP y PSOE, que sumaron sus votos ayer en el Congreso para sacar el texto adelante, niegan que el objetivo sea frenar el proceso soberanista catalán, aunque con la boca pequeña. El hecho de que en su artículo 3 el texto incluya «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales» como parte del concepto de «Seguridad Nacional» deja, al menos, el margen a la duda. Mientras ERC y Amaiur tienen claro que este es un nuevo paso en el clima de tensión generado desde Madrid, PNV, Convergencia y Unió, que también votaron en contra, limitaron la crítica al terreno de las competencias.

El efecto práctico que podría tener esta iniciativa está en la potestad del Gobierno español para crear, mediante Real Decreto, un consejo de seguridad con amplísimas competencias. En concreto, el inquilino de la Moncloa puede hacerse con los medios de otras administraciones. «La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación», asegura el texto.

No parece descabellado que, como publicaban medios españoles esta misma semana, Madrid se aferrase a esta norma para frenar el proceso soberanista catalán. Una tesis que desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy tratan de enfriar aunque manteniendo la tensión. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió en que esta nueva norma tiene como objetivo hacer frente a las emergencias. Que para frenar al soberanismo «ya existe el cumplimiento de la ley», llegando a esgrimir el artículo 155, el que regula la suspensión de la autonomía.

Más allá de las plebiscitarias

Con el proyecto todavía en trámite parlamentario (ayer se votaron las enmiendas en la Comisión Constitucional del Congreso) habría que ver si al Gobierno español le da tiempo para tener la norma en vigor para el 27S. Aunque, en realidad, su objetivo va más allá. Se trata, como indicaba ayer en el debate el diputado de ERC, Joan Tardá, de «incrementar todo el aparato legislativo del que dispondrá el Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Catalunya». Es decir, que aunque el procedimiento en el Senado se alargase, podría llegar a tiempo para utilizarse como espada de Damocles en el momento en el que una mayoría soberanista impulsase la hoja de ruta hacia la independencia.

«Se recuerda que existen los escenarios que pueden hipotecar el proceso democrático catalán mediante los estados de alarma, de excepción y de sitio. Aquello de lo que nunca habíamos oído hablar ya se vehicula sin ningún complejo», consideró el parlamentario republicano durante el breve debate en la comisión. A su juicio, este mecanismo permitiría al Estado intervenir eludiendo el control de las Cortes que tienen mecanismos y tratando de evitar el escándalo internacional que se crearía en caso de que Madrid decretase, por ejemplo, un estado de sitio en Catalunya. «Con esta voluntad de conseguir un efecto igual pero sin que se note tanto aterrizan con esta ley que les permitiría sortear buena parte de la intervención del Parlamento que sí requieren otras figuras. Están poniendo aceite y lubricando la maquinaria represiva», argumentó.

En la misma línea, Rafa Larreina insistió en que «el peligro para la seguridad de un Estado nunca está en el ejercicio de la democracia; el ejercicio de la democracia es lo que fortalece a los Estados». En opinión del diputado de Amaiur, procesos como el escocés o el quebequés demuestran que no se puede tener miedo a preguntar a los ciudadanos. Joan Josep Nuet (Izquierda Plural), Emilio Olabarria (PNV) y Antoni Picó (Unió) también fueron críticos con el texto aunque estos dos últimos más centrados en la posible invasión competencial.

Oposición y total rechazo

El debate sobre la Ley de Seguridad española no fue el único escenario donde pudo comprobarse la tensión creciente desde Madrid hacia el proceso catalán. Por la mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había lanzado un órdago en una entrevista en Cadena Ser advirtiendo que el Estado podría recurrir al 155 porque «está plenamente en vigor y es posible su utilización». Recordó que este artículo puede emplearse cuando una comunidad no cumple «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» o actúa «de forma que atente gravemente al interés general de España». Una nueva amenaza velada que se suma a la estrategia de tensión marcada desde Moncloa. La novedad, en este caso, es que ni siquiera en otros momentos del proceso catalán se ha barajado con tanta contundencia.

Por el momento, los movimientos del Gobierno español (que cuenta con el apoyo del PSOE, aunque sobre este extremo no se ha pronunciado) se limitan a la retórica. Pero no parece descartable que, en caso de una victoria del soberanismo y ante el inicio de la desconexión catalana del Estado, Madrid diese un paso más y recurriese a la acción. Hasta el 27 de setiembre no cabe duda de que el Gobierno de Rajoy seguirá tensando el ambiente y tratando de imponer el discurso del miedo.

Competición en el PP por ver quién es más inflexible

Buena parte de los altos cargos del PP se dedicó ayer a airear el discurso del miedo y tratar de restar validez a las elecciones plebiscitarias del 27 de setiembre. Conscientes de que su papel en Catalunya roza ya lo testimonial y que las encuestas vaticinan un nuevo batacazo, a Génova solo le quedan las «boutades» como forma para hacerse escuchar. Así lo entendió, por ejemplo, el presidente del Congreso español, Jesús Posada, aseguró que «no va a haber independencia porque (Mariano) Rajoy la va a parar». «Voten lo que voten, la Administración y los que estamos aquí vamos a parar eso; no va a haber independencia», afirmó. No fue el único miembro del PP en hacer este tipo de referencias. Con su estilo habitualmente marrullero, el portavoz parlamentario de Génova, Rafael Hernando, aseguró que «los ciudadanos tienen que estar tranquilos porque estamos en un Estado de Derecho y aquellos que pretendan saltarse la ley, seguramente acaben dándose con los dientes en la barra», en referencia al president catalán, Artur Mas.

Para cerrar, también el presidente español, Mariano Rajoy, insistió. «No me voy a apuntar a las genialidades ni a las ocurrencias ni a las promesas que no se pueden cumplir. De mí no esperen eso porque tengo la experiencia para saber que eso sólo sirve para generar inquietudes y plantear problemas», dijo.GARA

REACCIONES

«Lo que están haciendo es poniendo aceite y lubricando la maquinaria represiva»

JOAN TARDÁ

ERC

«Es un aviso a navegantes para advertir de que el orden va a ser garantizado»

JOAN JOSEP NUET

Izquierda Plural

«Rajoy no es nadie para decidir lo que los catalanes quieran ser, la ley no está por encima»

XABIER MIKEL ERREKONDO

Amaiur

«Quiere crear un estado de emergencia permanente y expropiar competencias»

EMILIO OLABARRIA

PNV