El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sometió el pasado 6 y 7 de julio al Estado español a su sexto examen periódico con el fin de determinar si aplica las recomendaciones de las instancias internacionales en materia de derechos humanos. Se abordaron cuestiones como la incomunicación de las personas detenidas, las restricciones a la hora de acceder a un abogado de confianza, la falta de investigación de las denuncias de tortura o el aislamiento en las cárceles, entre otras.

El Comité ha dado hoy a conocer sus conclusiones, en las que constata su «preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias».

Es por ello que el organismo internacional «reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto».

«Hay cosas que el Estado puede hacer ya, rápidamente, para evitar que los testigos de los hechos, ya muy mayores, mueran a causa de su avanzada edad. Además, se puede reparar a las víctimas», ha indicado Fabian Salvioli, presidente del Comité.

Los expertos del Comité se muestran «preocupados por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas» y, en particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas «se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate».

«Por ejemplo, el Estado podría apropiarse de las exhumaciones y búsqueda de restos. Esto ayudaría a aplicar el derecho a la verdad», ha declarado, a su vez, Yuval Shany, otro miembro del Comité.

La ONU critica también que haya dificultades para el acceso a los archivos, especialmente los militares.

Identificar a los responsables

Ante esta situación, el Comité pide al Estado español que impulse activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado.

«El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas», insiste en sus conclusiones.

Malos tratos y tortura

Otra cuestión que preocupa al Comité de DDHH es el de «las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas».

Especialmente, los expertos critican «las debilidades en las investigaciones de denuncias y sanciones», y muestran su preocupación por la concesión de indultos a policías condenados por el delito de tortura, «lo cual contribuye a una sensación de impunidad por parte de los agentes del Estado».

Es por ello que el Comité insta a Madrid a «redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad a la luz de los estándares internacionales en la materia», así como a «velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de estos actos comparezcan ante la justicia».

Junto a ello, recomienda que se asegure que las víctimas de malos tratos «reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y rehabilitación».

Asimismo, pide al Estado «prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura».

En cuanto al régimen de incomunicación, Naciones Unidas «recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminarlo».

«Devoluciones en caliente»

En su informe también aborda las denominadas «devoluciones en caliente» de migrantes en Ceuta y Melilla.

«Al Comité le preocupa que dichas expulsiones sumarias se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución, cuando corresponda. El Comité también está preocupado por informes que dan cuenta de casos de solicitantes de asilo no sirios en que se les niega el acceso a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla», afirma.

Ante esta situación, insta al Estado español a que «revise» la Ley de Seguridad Ciudadana para que «garantice que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados».

En ese contexto, expresan su preocupación respecto a «frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, tanto por las autoridades españolas como por las autoridades marroquíes que actúan en territorio español».

Responder en un año

Dada su importancia, el Comité ha solicitado a Madrid que responda en un año respecto a los temas relacionados con los llamados delitos del pasado; y con el trato a los migrantes, solicitantes de asilo y menores no acompañados.