Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, es un territorio con riquezas naturales y potencial minero en su subsuelo. A través de este puerto circula el 60% de la mercancía que entra o sale de Colombia. Pero también es célebre por su violencia, por la presencia paramilitar, por sus «casas de pique» y por la ausencia del Estado. Según datos de la Unidad de Víctimas del Gobierno colombiano, entre enero y setiembre de 2014, 29.858 residentes de Buenaventura tuvieron que abandonar sus viviendas a causa de la violencia, convirtiéndose en el primer municipio de todo el país con mayor número de desplazados por cuarto año consecutivo. En noviembre de 2013, tras viajar a la zona con representantes de la ONU, el Defensor del Pueblo advirtió de la «crisis humanitaria» que se vive en Buenaventura, en contraste con la importante actividad económica que desarrolla su puerto. La zona insular, así se les denomina a los terrenos ganados al mar, está proyectada para ser un megacentro turístico y portuario. En 2008, la población localizada en esta área era de 30.000 personas. Actualmente, es casi de 110.000 debido a la llegada durante estos años de víctimas de desplazamiento forzado de los ríos de la Cuenca del Pacífico, Chochó, Cauca y Nariño. El 80,6% vive en situación de pobreza. En 2011, el índice de desempleo era del 40%.

María Nieves Torres, lideresa de Buenaventura, ha perdido a un hijo, su familia ha quedado rota y diseminada, y vive amenazada por los grupos paramilitares. Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha reconocido medidas cautelares de protección como víctima, no ha recibido ningún tipo de atención sicosocial o atención médica específica, ni indemnización ni otro tipo de reparación.

«Queremos decirle al mundo lo que está ocurriendo en Colombia, especialmente, en el barrio la Playita de Buenaventura y pedir la creación de otro Espacio Humanitario, porque sigue habiendo ‘casas de pique’, nuestros jóvenes de 13, 14 y 15 años están siendo reclutados a la fuerza por los paramilitares para el transporte de armas y hacerles sus ‘recados’, como el cobro de la llamada ‘vacuna’ –extorsión– a los comerciantes de madera y tenderos. También hay violencia sexual. Deseo que me escuchen, y poder desahogar esta rabia que llevamos por dentro», remarca en la conversación con GARA durante su visita a Donostia, a invitación de Mundubat y dentro de una gira más amplia que le llevó por varias ciudades europeas.

Lamenta que, a pesar de la gravedad de las vulneraciones de derechos que se cometen a diario, en Colombia «se hace la vista gorda, no les interesa mostrar la dimensión real del problema, porque Buenaventura es una zona turística y si los turistas supieran la verdad, no irían. A los gobiernos nacional y local solo les importa el turismo, lo que entra y sale del puerto y la ampliación de éste». En abril de 2014 se abrió la convocatoria para el proyecto denominado Malecón Bahía de la Cruz, que bordeará toda la isla y que incluye la construcción de áreas comerciales, de recreación, espacios públicos para eventos culturales y deportivos, además de un muelle para embarcaciones menores de turismo y un centro de convenciones. Torres denuncia los procedimientos que se están utilizando para sacar de ahí a sus pobladores y realojarlos en el barrio de San Antonio, a 12 kilómetros del mar, lo que supone, en la mayoría de los casos, un segundo desplazamiento.

«El mar para nosotros es coger nuestras atarrayas y canoas para ir a pescar. Vivimos de los productos autóctonos de Buenaventura y de la Costa Pacífico, es decir, de la pesca. Cuando sale lo del proyecto del Malecón Bahía de la Cruz, nos prometen una ‘vivienda digna’ en la ciudadela de San Antonio. Aunque vivimos en la extrema pobreza, sabemos sobrevivir. Donde yo vivo había comercio. Cada semana llegaban cien lanchas procedentes de las áreas rurales con madera y marisco para vender; las madres, cabezas del hogar, tenían su negocio en su misma vivienda. Yo tenía un puesto de venta de jugos y, al mismo tiempo, cuidaba de mis hijos en casa, les ayudaba a hacer los deberes; podíamos alquilarle un espacio al comerciante de madera para que guardara ahí su mercancía. Hoy en día todo eso se ha perdido, porque los comerciantes ya no aguantan más tener que pagar la ‘vacuna’ a los paramilitares. De esas cien lanchas, ahora solo llegan tres; de 26 vendedoras de marisco que había en la plaza del mercado, quedan seis. No han soportado la presión paramilitar. Sin comercio, las que teníamos nuestro puesto de venta en casa hemos tenido que ir a trabajar como empleadas domésticas, cosa que no es deshonrosa pero, si al día ganábamos entre 50.000 y 100.000 pesos (entre 15 y 31 euros) gracias a la actividad económica que generaban los comerciantes, hoy ganamos entre 200.000 y 300.000 pesos al mes. ¿Es justo que tengamos que dejar a nuestros hijos solos durante más de medio día para que los paramilitares se aprovechen de su situación de vulnerabilidad? Si algún paramilitar se encapricha con alguna niña, la toma y no le deja tener como novio al chico que ella quiera… y para el Gobierno no está sucediendo nada», remarca.

Preguntada sobre el abuso sexual, señala que «algunas madres optan por enviar entre semana a sus hijas a casa de los abuelos que viven en otro barrio y los domingos, día de descanso semanal, las recogen para que al menos ese día puedan estar con el resto de los hermanos. A otras les ha tocado irse a vivir a Cali, donde los alquileres son muy caros. Yo misma estoy amenazada porque no permití que reclutaran a mi hijo de 15 años. Y así como estoy yo, están otras familias amigas. Al hijo de una de ellas, de 17 años, lo desmembraron, pero al menos esa madre pudo enterrar a su hijo completo en una bolsa. Pero a otras madres les ha tocado enterrar solo la cabeza, una pierna o el tronco de su hijo. Esta es la realidad de Buenaventura».

Torres, a cuyo hijo Óscar Fernando Torres finalmente lo mataron, está reconocida como víctima, desplazada y amenazada por la Unidad de Víctimas del Gobierno y «aun así, no nos dan protección». «A mi hijo lo mataron delante de la Policía; al comerciante Wilder Ubeimar también lo mataron delante de la Policía el pasado 5 de abril por no pagar la ‘vacuna’. Quisiera decir que no me mataron a un hijo, sino a una familia. Yo era madre de seis y, a raíz de aquello, tuve que enviar a mis otros cinco hijos a diferentes partes por temor a que les hicieran lo mismo. Mi familia quedó dividida. Quisiera regresar a mi casa. Para ello pedimos la creación de otro Espacio Humanitario, como el que hay desde hace un año en la zona aledaña de Puente Nayero».

Un Espacio Humanitario sin violencia

La tortura y muerte en febrero de 2014 de Marisol Medina, que fue descuartizada en una «casa de pique», llevó a los residentes de esta comunidad a crear un Espacio Humanitario, logrando sacar a los paramilitares de su calle y desmantelando una «casa de pique», que desean reconvertir en Casa de la Memoria. El 13 de abril de 2014 aprobaron un reglamento interno conformado por 13 «compromisos familiares» entre los que destacan el de «establecer turnos para la vigilancia de la entrada de nuestro espacio de vida; no permitir que nuestros habitantes consuman sustancias alucinógenas; no usar ropa camuflada ni escuchar música que incite a la violencia o que indique equívocamente que somos parte del conflicto; no usar ningún tipo de arma ni permitir que nuestra casa y nuestros bienes sean utilizados para la guerra; educar a nuestros hijos en el respeto a la vida; a no usar la violencia –ni física ni verbal– contra nuestras mujeres, maridos e hijos».

Pese a los avances registrados, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado amenazas recientes a líderes sociales de este Espacio Humanitario y la muerte a finales de julio de un menor, cuya familia había sido amenazada y contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Nuestra esperanza es que también en Punta Icaco podamos conformar un Espacio Humanitario, echar a los paramilitares, que regrese el comercio y las mujeres que trabajan en casas ajenas de lunes a sábado desde las 07.00 hasta las 18.00 puedan volver a las suyas. ¿Por qué a nosotros no nos pueden dar títulos de propiedad?», se pregunta.

Danilo Rueda, representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y del Frente Amplio por la Paz, remarca el «éxito» de este Espacio Humanitario porque «fue la ciudadanía quien sacó a los paramilitares; la Policía no lo quiso hacer en tres años, lo que evidencia omisión o complicidad. Ahora, otras calles quieren hacer lo mismo».

Destaca que ni los colombianos ni las comunidades negras se oponen a las inversiones o a proyectos como el del Malecón Bahía de la Cruz, pero reclama a las multinacionales que «respeten derechos y generen garantías para la población. ¿Quién no desea tener una mejor casa? Pero no se puede montar una idea de progreso y desarrollo con irregularidades, con el uso de la violencia y con un país que aún carece de instituciones fuertes para asegurar que la inversión que hagan los extranjeros esté libre de cualquier sospecha». Considera urgente abordar «las nuevas formas de paramilitarismo, que en Buenaventura tienen un claro reflejo. Lo que está ocurriendo en Buenaventura demuestra el fracaso de la desmovilización paramilitar llevada a cabo bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, la falta de voluntad y la ineficacia del Estado para enfrentar esas nuevas formas de criminalidad paramilitar; la ausencia de una política incluyente que permita a las comunidades vulnerables tener condiciones de vida digna y que el problema de fondo es el modelo económico que pretende desconocer derechos de las comunidades rurales y urbanas».