Más de 40 ONG acudieron ayer a la llamada del Ayuntamiento de Iruñea para definir cómo transformarse en una «ciudad refugio». Tras la reunión, se concretaron líneas de trabajo sobre todo dirigidasa a la concienciación de la ciudadanía, al impulso de una modificación de la legislación sobre migración y varias iniciativas para canalizar la solidaridad. Uno de los presentes, de SOS Racismo, afirmó que «la idea de una ciudad refugio es un monstruo precioso», señalando así el peligro de que se defraude a la gente.

El alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, preguntó a las asociaciones qué es lo que se necesita para atajar el problema. Surgieron varias propuestas, como la creación de un protocolo para canalizar la solidaridad ciudadana. Pese a todo, las asociaciones remarcaron que no basta con medidas urgentes para esta tragedia en concreto y que será peligroso lanzar un mensaje de que existen refugiados de primera y de segunda.

Las ONG advirtieron también del peligro que supone que la ola de solidaridad derive en frustración. Avisaron de que es un problema que va para largo y que no se cuestión de ofrecer casas, por lo que es importante que, en palabras del portavoz de Oxfam, «esto no se convierta en ‘ponga un pobre en su mesa’».

Las distintas aportaciones se recogieron en un acta para próximos encuentros. En este sentido, Asiron aseguro que tiene intención de seguir ejerciendo de «aguijón para que quien tiene que tomar decisiones las tome».

De Bilbo a Atharratze

La oleada solidaria se extiende por toda Euskal Herria, aunque con diferentes grados de intensidad. Así, el mayor consistorio, Bilbo, se limitó ayer a aprobar por unanimidad una declaración en la que se muestra dispuesta «a la acogida que se merecen y necesitan».

El texto recabó el apoyo de PNV, PSE, PP, EH Bildu, Udalberri y Ganemos, aunque las tres últimas fuerzas reprocharon que Bilbo no se inscriba en la red de «ciudades refugio». Algo similar ocurrió en Getxo, si bien en este caso EH Bildu se abstuvo para subrayar que no se tomaba ninguna medida concreta.

Sí pretenden entrar en esa red, aumentando por tanto su implicación real, los alcaldes de Hendaia y Atharratze. Kotte Ezenarro, alcalde socialista de Hendaia, lo defiende como «apuesta natural por la solidaridad», mientras el zuberotarra Arnaud Villeneuve añade un argumento material: que en su zona hay puestos de trabajo disponibles.

Lakua e Iruñea

La velocidad que está cogiendo este debate en los medios hizo que Lakua convocara por la mañana una reunión para la tarde de la llamada Comisión Interdepartamental de Ayuda a las Personas Refugiadas, con la intención de avanzar una posición y reflejar cierto liderazgo. En esta instancia participan los tres secretarios generales de Lehendakaritza (uno de ellos Jonan Fernández) y siete departamentos diferentes del Gobierno. Anuncia que se reunirá dos veces a la semana para coordinar un protocolo de acogida.

A la conclusión se notificó la convocatoria mañana de una reunión con las tres diputaciones, Eudel y los ayuntamientos de Bilbo, Gasteiz y Donostia, así como otra el jueves con las ONG «directamente concernidas por la problemática de acogida de personas refugiadas y que a su vez coordinan este asunto en el Estado y en Europa».

Lakua añade tras este primer contacto que «hay necesidad de dar respuesta a las crisis en origen». Y en este contexto apunta que «el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, intensificará el apoyo de propuestas presentadas por ONG vascas en relación con el conflicto en Siria».

Al frente de este operativo se ha puesto a los consejeros Josu Erkoreka y Ángel Toña, de Administración Pública y Justicia y Empleo y Políticas Sociales respectivamente.

Lakua estará hoy en la reunión de coordinación convocada en Madrid por el Estado. Al igual que el Gobierno navarro, que lleva una posición más definida. El vicepresidente Miguel Laparra avanzó ayer que reiterará el ofrecimiento para acoger, de inmediato, a los refugiados que le corresponden de la cuota que finalmente asigne la UE al Estado español. Y que además pedirá un convenio con ACNUR para reasentar a refugiados sirios ubicados en sus campos.

Madrid alega que harán falta recursos y que ya ha absorbido a cinco millones en quince años

El Gobierno de Mariano Rajoy se hace el remolón ante la campaña extendida en Europa para acoger a refugiados de guerra, pero evitando a toda costa un desmarque expreso que le haría quedar como insolidario. Los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, utilizaron un mismo discurso, prácticamente clonado, en el que apuntan que Madrid hará «todo lo posible», pero a continuación matizan que para la acogida «harán falta recursos». La confusión creada por una realidad tan nueva deja su huella en las reacciones oficiales, porque unas pocas horas antes otro miembro del Ejecutivo, el titular de Hacienda Cristóbal Montoro, había dicho en una emisora lo contrario: «Por descontado que España tiene los medios necesarios».

Todo dependerá, obviamente, de la cuota que finalmente se asigne y del modo en que se reparta. Hoy hay una primera toma de contacto entre los responsables del Gobierno español y de las comunidades autónomas. Pero mientras algunos grandes gobiernos ya anuncian partidas extra (6.000 millones de euros en el caso de Alemania) o toman compromisos de cuotas (24.000 exiliados el Estado francés y 20.000 el Gran Bretaña), por el momento Rajoy evita cualquier concreción de cifras.

En paralelo Madrid también alega, frente al resto de Europa, que «España ha sido el país que más inmigrantes ha absorbido en sus últimos quince años, no ya de Europa, sino del mundo desarrollado», en palabras de Montoro en la Cadena COPE.

«Evidentemente vamos a estar a la altura de las circunstancias», aseveró Fernández Díaz a las puertas de la sede del PP. Como el asunto da pie para todo tipo de hipocresías, el ministro de Interior que ha defendido la carga en la playa de Ceuta que acabó con la vida de quince inmigrantes o la valla con concertinas de Melilla afirmó que en esta última ciudad se han tramitado 3.500 solicitudes de asilo este año, la mayoría de ciudadanos sirios.

Argumentó que «no se trata solo de acoger a esas personas, sino de integrarlas y darles una vivienda digna o garantizar su subsistencia», dado que tienen «prácticamente los mismos derechos» que cualquier persona de ciudadanía española. Por tanto, añadió Fernández Díaz, «no se trata solo de buena voluntad, sino de medidas para que esa voluntad y buenas intenciones se puedan traducir de forma responsable».

En una visita oficial a Irán, García-Margallo se mostró igualmente ambiguo: «España asumirá la máxima cuota que pueda, pero cualquier compromiso de acogida debe ir acompañado de recursos». Y eso exige, matizó, una cuantificación presupuestaria por parte de Hacienda, por lo que remarca que el asunto no compete a Exteriores.

A todo esto, en un centro de internamiento de Valencia se produjeron enfrentamientos entre policías e inmigrantes a los que la versión oficial acusa de intentar huir y «amotinarse». Veinte de estas personas se subieron al tejado y lanzaron piedras y ramas de árbol, a lo que las FSE respondieron con pelotazos de goma.GARA