Iñaki Etxabe Orobengoa era un objetivo fácil. Su hostal en el alto de Kanpazar (Etxabe-Enea) ya había sufrido un bombazo cinco meses antes y un ametrallamiento posterior. El 5 de octubre de 1975, bien entrada la noche, tres personas que nunca fueron identificadas asaltaron el restaurante, armadas con metralletas y pistolas. Obligaron a los escasos clientes a echarse al suelo, les rociaron con un gas paralizante y dijeron a los hermanos Luis e Iñaki: «Venimos a por vosotros». El primero logró huir y encerrarse en el almacén, pero Iñaki fue ametrallado y murió al instante. Dejaba mujer y tres hijos e hijas pequeños.

Pese a ser muy desconocida, no se trata de una acción de guerra sucia más. El abogado Iñigo Iruin la señala casi con total certeza como «la primera víctima mortal de la primera generación del terrorismo de Estado». Le seguirían meses después acciones como Montejurra y siglas como ATE, Triple A o BVE (con estas últimas hubo una reivindicación de la muerte de Kanpazar, un año más tarde).

La guerra sucia no era algo habitual todavía, y sin embargo en la prensa del día siguiente no hubo duda alguna: «Terrorismo en Gipuzkoa», titulaba ‘‘El Diario Vasco’’; «Asesinan a un industrial guipuzcoano, hermano de un activista de ETA huido a Francia», destacaba ‘‘Abc’’. Tampoco titubeó el entonces consejero nacional del Movimiento, Marcelino Oreja, en un articulo de prensa que daba inequívoco carácter político al ataque, ni lo han dudado ahora AVT o Covite, que incluyen a Iñaki Etxabe en sus listados de «víctimas del terrorismo» como fallecido a manos de algún grupo de «extrema derecha». Y, sin embargo, el Estado lo sigue negando.

El caso sale a la luz al mismo tiempo que el litigio jurídico llega al Tribunal Constitucional. La familia de Iñaki Etxabe reclamó al Ministerio del Interior que fuera considerado víctima y pudiera acogerse por tanto a la Ley Integral, pero este lo rechazó en julio de 2013 y les negó la pertinente indemnización. La familia recurrió entonces a la vía contencioso-administrativa, pero la Audiencia Nacional lo ha rechazado igualmente en dos ocasiones, argumentando que «no existe dato objetivo alguno» que permita catalogarlo como «acto terrorista».

Archivo ocultado

Es aquí donde se registra una anomalía sorprendente, que se lleva ahora al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. El sumario abierto entonces por el Juzgado de Durango fue derivado al Tribunal de Orden Público (antecesor de la Audiencia Nacional). Esta instancia especial se encargó de la investigación, y aparentemente la archivó (nada más se conoce). Y ello constituye el indicio jurídico más evidente de que se trataba de una acción «terrorista», puesto que si hubiera sido un caso de delincuencia común se hubiese seguido instruyendo en el juzgado vizcaino.

Así las cosas, la familia pidió a la Audiencia Nacional que reclamara al archivo de El Ferrol, donde se guardan los expedientes del TOP, la información disponible del caso. Sorprendentemente, la Audiencia Nacional lo rechazó, tildando esta petición de «prueba innecesaria». Por tanto, el caso ha encallado en un bucle sin salida: la AN niega el carácter terrorista del hecho a la vez que impide conocer el sumario, que sería la única opción de acreditarlo jurídicamente.

La denegación de la consideración de víctimas a otros fallecidos por guerra sucia, por ejemplo los abatidos por los GAL, es una constante en los últimos tiempos. Pero con una diferencia sustancial; en estos casos lo que alega el Estado es que no deben ser indemnizados porque se trataba de miembros de ETA. En el de Iñaki Etxabe, por contra, ni siquiera cabe sostener tal excusa, dado que nadie cuestiona que no tenía vinculación personal con esa organización y solamente era un hostelero.

Por tanto, lo que hacen el Gobierno primero y la AN después es descalificar la acción como tal, indicando que no está probado que fuera «terrorismo». Se escudan para ello en el hecho de que entonces no había todavía grupos de guerra sucia organizados, como pasaria luego con la llamada primera generación (BVE, entre otros) y con la segunda (GAL).

Toda una familia en el objetivo

Los indicios ya detallados no son los únicos que prueban que fue un atentado político. Quizás más rotunda aún es la constatación terrible de que toda la familia Etxabe estaba en el punto de mira de la incipiente guerra sucia. Según está acreditado en la Audiencia Nacional, además de los dos ataques previos al hostal de Kanpazar también se había atentado con bomba contra los restaurantes de otros dos hermanos, Jokin y Juanjo, en apenas 48 horas de tiempo, a finales de junio. Y el día anterior a la muerte de Iñaki, el coche de Juanjo resultó incendiado en Donibane Lohizune.

La brutal persecución a los Etxabe ni siquiera acabaría en Kanpazar. En 1978, Juanjo y su esposa fueron ametrallados en Donibane Lohizune; Agurtzane Arregi murió en el acto y Etxabe quedó malherido.

Pero, ¿por qué mataron a Iñaki Etxabe e intentaron hacer otro tanto con su hermano Luis aquel día? La hipótesis más realista es la de la venganza indiscriminada, que indirectamente ya expone la prensa de la época al unir dos hechos. Aquel domingo 5 de octubre, a mediodía, un atentado de ETA había matado a tres guardias civiles en las inmediaciones de Arantzazu. Entre Oñati y Arrasate, de donde es la familia Etxabe, apenas hay once kilómetros de distancia.

Todavía queda otro fleco sin aclarar en esta macabra historia. Se afirma que un taxista pudo haber sido testigo del ataque de Kanpazar. Una semana después, alguien se subió a su coche y lo mató en Legutio. Se llamaba Germán Agirre Irasuegi.