Miles de catalanes se han concentrado esta tarde a las puertas de los Ayuntamientos del país, convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) en defensa del 9N y en apoyo a los cargos públicos imputados por su organización.

Muestra de que la demanda democrática a favor del derecho a decidir, ejercido simbólicamente en la consulta del 9N, supera las barreras del independentismo, la encargada de leer el manifiesto del Pacte Nacional pel Dret a Decidir en Barcelona ha sido la alcadesa de la capital catalana, Ada Colau, difícilmente encasillable como independentista.

La alcaldesa ha puesto voz a un texto con el que los firmantes se hacen «corresponsables de la convocatoria del 9N, hecha desde criterios democráticos y cívicos, y que ha sido respondida masivamente por el pueblo catalán». Rodeados por miles de personas en la céntrica plaza Sant Jaume y con la lluvia como comparsa, Colau ha calificado las querellas de «antidemocráticas» y ha denunciado que el Estado genera «una anomalía democrática en el funcionamiento de las instituciones que priva a la ciudadanía de Catalunya del derecho democrático a decidir su futuro político».

En la plaza Sant Jaume se han dado cita también representantes de las entidades, las asociaciones y los partidos políticos que dieron su apoyo, hace un año, a la convocatoria del 9N. Es decir, además de representantes de CDC, ERC y CUP, también se han dejado ver miembros significativos de Unió, de ICV-EUiA y de Catalunya Sí que es Pot.

La concentración vespertina ha culminado una jornada de movilizaciones en defensa de la democracia y el derecho a decidir que ha comenzado a primera hora de la mañana, cuando la consellera de Educació en funciones, Irene Rigau, ha acudido a declarar como imputada acompañada de una larga comitiva y animada por centenares de personas. Una dinámica que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha calificado de «ataque a la independencia judicial» y que se ha repetido a primera hora de la tarde con la declaración de la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega.

Tanto Rigau como Ortega están acusadas de cuatro delitos con motivo de la consulta del 9N: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación. Los mismos cargos por los cuales está imputado el president en funciones, Artur Mas, que declarará el jueves a las 10.00.