Hay días en los que la política se hace mirando al futuro y días en los que se hace mirando a un reglamento. En los primeros a veces ocurren cosas interesantes. En los segundos (como los de ayer), difícilmente. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reunió ayer a la Junta de Portavoces, el órgano que reúne a representantes de todos los grupos parlamentarios y que, en principio, no se podía juntar porque al PP todavía no le ha dado la gana de constituirse como grupo parlamentario. Razón suficiente para unir a Ciutadans, PSC y PP, que hoy presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que Forcadell ha vulnerado los derechos de los diputados del PP.

Ni el propio reglamento (que de hecho obligaba también a convocar la Junta de Portavoces para hoy) ni los antecedentes juegan a favor del unionismo: tanto en 2006 como en 2010 la Junta también se reunió sin que todos los grupos parlamentarios estuviesen constituidos.

La unidad del unionismo, sin embargo, es discutible. Los tres partidos presentarán también hoy otro recurso de amparo ante el TC, esta vez contra la tramitación de la Declaración de inicio del proceso de construcción de la República catalana, la resolución acordada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP. Los líderes de los partidos unionistas presentarán el recurso juntos pero no revueltos. Es decir, acudirán de la mano al TC, pero cada partido presentará su escrito, por lo que el tribunal tendrá hoy cuatro nuevos recursos encima de la mesa: uno conjunto contra la reunión de la Junta de Portavoces y otros tres contra la tramitación de la Declaración, que ayer la Mesa decidió seguir impulsando pese a las quejas del unionismo, a las que se sumó Catalunya Sí que es Pot (CSQP), si bien la izquierda no independentista no acudirá al TC.

En cualquier caso, los precedentes también juegan en contra de los recursos contra la tramitación de la Declaración, ya que el TC rechazó iniciativas similares con el Estatut y con el Plan Ibarretxe. De hecho, la vía del recurso de amparo fue rechazada en primera instancia por el PP y por el propio Gobierno español, al entender que tendrá más recorrido un recurso de inconstitucionalidad con la iniciativa ya aprobada. Fue lo que ocurrió en 2013 con la Declaración de Soberanía. Pero el PP finalmente ha reculado ante el peligro de ceder el testigo de la defensa de la unidad de España a Ciutadans, que anunció desde el principio que presentaría el recurso. Ayer el candidato del partido naranja a la Moncloa, Albert Rivera, no dudó en sacar pecho por ello, mientras desde el PP catalán le pidieron que bajase los humos.

La carrera hacia las elecciones del 20D no son ajenas, evidentemente, a la sobreactuación unionista. Las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que no se siente «cómodo con la derecha» no dejan de ser fuegos de artificio, igual que la enésima súplica del líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que ayer pidió a Rajoy una oferta «atractiva» para Catalunya. El ministro Jorge Fernández Díaz le contestó asegurando que tienen «planes de contingencia» para frenar la «sedición» catalana.

La Declaración avanza

Al margen del ruido del unionismo, tras la Junta de Portavoces la Mesa siguió adelante con la tramitación de la Declaración, abriendo el periodo de presentación de enmiendas a la resolución planteada por la bancada independentista. Un periodo que concluirá el viernes por la mañana, lo que llevó ayer a Forcadell (que aseguró actuar conforme al reglamento del Parlament) a descartar finalmente la votación de la Declaración en un pleno extraordinario este mismo viernes.

Aunque ayer no lo quiso confirmar, la resolución que, entre otras cosas, niega la autoridad al TC, será votada y aprobada probablemente en un pleno el mismo lunes, antes de la votación de investidura.

Mas estira de las orejas a sus consellers por las filtraciones

Las desavenencias entre miembros del Govern en funciones sobre las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP, así como sobre la Declaración de ruptura, publicadas por ‘‘La Vanguardia’’, han sido una de las comidillas en los pasillos políticos de Catalunya en los últimos días. Las filtraciones sobre las deliberaciones de un Govern en funciones que nada tiene que decir acerca de las negociaciones entre dos plataformas políticas han servido para poner en primer plano ciertas tensiones en el seno de CDC (que se ve, en cierta manera, en manos de la CUP). Aunque, de rebote, también han servido para validar el «pedigrí» independentista de Mas y así legitimar su aspiración de ser reelegido president en el pleno de investidura del próximo lunes.

Sea como sea, ayer el propio Mas afeó la conducta de sus consellers, recordando que las deliberaciones de un ejecutivo son secretas. La portavoz del Govern, Neus Munté, llamada a tener un papel relevante en los próximos meses, explicó tras el Consell de Govern que Mas mostró su «disgusto» por las información aparecidas en la prensa. «No sé de dónde han salido las filtraciones, pero es necesario erradicarlas. El Govern debe tener respeto al secreto de las deliberaciones, es una obligación que tenemos como miembros del ejecutivo. Haremos lo posible para que no se vuelvan a repetir», dijo.B.Z.