«Aquí vamos juntos todos, porque España es cosa de todos, pensemos como pensemos». Mariano Rajoy, presidente español, apenas tardaba una hora en dar su primera respuesta solemne a la declaración aprobada en Barcelona por Junts Pel Sí y la CUP. Lo hizo desde Béjar (Salamanca), donde realizó una declaración institucional en la que buscó la unanimidad política para poner en marcha la ofensiva del Estado.

Por ahora tiene el aval explícito de Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos), aunque en el Parlament el bloque del «no» también se apoyó en Catalunya Sí Que es Pot, donde están representados Podemos e ICV. «Ni Catalunya se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura», clamó el inquilino de Moncloa.

La vía judicial a la que se aferrará el Gobierno español está ya escrita. Ayer por la tarde, Soraya Saez de Santamaría, la vicepresidenta, ultimaba el recurso de inconstitucionalidad. Antes el Ejecutivo necesita el dictamen del Consejo de Estado, que mantuvo un encuentro urgente por la tarde y cumplirá con la petición de Moncloa hoy mismo. A partir de entonces solo queda que Rajoy convoque a sus ministros y presente la alegación ante el Constitucional. Eso será mañana. 24 horas después, el tribunal, presidido por el exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, admitiría a trámite el recurso y suspendería la declaración. Tanto JxS como la CUP han dejado claro que no aceptarán ningún veto de estos magistrados.

Mossos y ahogo económico

El guión del TC no se diferencia de otros recursos ya presentados por el Gobierno español, como el que planteó a la consulta convocada el 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, en esta ocasión parece que el Estado está dispuesto a dar un paso más. Según publicaba ayer «El Mundo», Rajoy estaría dispuesto a utilizar resortes más expeditivos contra Catalunya e incluso amenaza con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le faculta a «adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso» de las obligaciones reflejadas en la Carta Magna española.

Hacerse con el mando de los Mossos D´Esquadra sería uno de esos mecanismos. Según el diario madrileño, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, habría solicitado un informe en el que se indicaría que únicamente 300 de los 17.000 agentes autonómicos catalanes «son independentistas». Preguntado por esta revelación, el ministro no la descartó. «Los planes se preparan, se estudian y en su caso se ejecutan. Lo que no se hace es explicarlos», argumentó. «A día de hoy no se renuncia a nada, ni se anuncia nada, porque hemos de estar a la espera de lo que se produzca. Y ojalá no se tenga que hacer nada más que interponer este recurso de inconstitucional», amenazó.

Otra de las vías que explora Madrid es el ahogo económico, con el objetivo de que la Generalitat tenga dificultades para pagar a proveedores e incluso salarios de funcionarios. Aquí, el Estado presenta como una cesión lo que simplemente es la devolución del dinero que los catalanes pagan a través de impuestos. Un montante deficitario para el Principat, según han denunciado en diversas ocasiones las instituciones catalanas.

Hay también otras fórmulas. Por una parte, la persecución penal de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o del futuro president. También está la facultad del TC de suspender a funcionarios en caso de que desobedezcan sus órdenes, tal y como se incluyó en la reforma exprés del Alto Tribunal aprobada por el PP en el último suspiro de la legislatura. Todas estas opciones se barajarían a partir del jueves, cuando el TC suspenda la declaración y se produzcan las primeras desobediencias.

PSOE y C´s van a rueda

«El Gobierno no va a permitir que esto continue». Con tono amenazante, Rajoy tomaba la delantera en la respuesta del Estado. En las jornadas previas había recabado el apoyo de la mayoría de formaciones políticas e incluso de la patronal, UGT y CCOO. Así que ayer, y pese al ambiente preelectoral, las formaciones salieron a rueda del presidente español.

«Proclamamos una vez más nuestro compromiso firme e irrenunciable con la unidad y la integridad de España», indicaba Pedro Sánchez, que llegó a afirmar que el proceso independentista es «el mayor desafío al orden constitucional» en décadas. Hoy se reunirá con Rajoy en Moncloa.

Albert Rivera, el tercero en el bloque y también con teléfono rojo, aplaudió el recurso exprés español. «Si todo va bien, tendremos la suspensión en 24 horas de esta resolución, que es anticonstitucional y antidemocrática», vaticinó.

VALORACIONES

«Aquí vamos todos juntos porque España es cosa de todos, pensemos como pensemos. Juegan con algo sagrado: la unidad»

MARIANO RAJOY

Presidente español

«La declaración es una traición a la mayoría de catalanes y la mayor amenaza al orden constitucional español»

PEDRO SÁNCHEZ

PSOE

«Es una resolución anticonstitucional y antidemocrática. Dice que representa a la mayoría de catalanes, pero no es así»

ALBERT RIVERA

Ciudadanos

«No se renuncia a nada, ni se anuncia nada, porque hemos de estar a la espera de lo que se produzca. Ojalá sea solo el recurso»

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Ministro español del Interior