Los jefes de los equipos de paz de ambas partes, Humberto de la Calle (Gobierno) e Iván Márquez (FARC) han rubricado el documento que también ha sido suscrito por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de los estados acompañantes, Chile y Venezuela.

Entre los objetivos del acuerdo figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto, la no repetición para afianzar el fin de la guerra y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y colectivos más humildes y vulnerables.

En La Habana llegamos a acuerdo con FARC en el punto de Víctimas. ¡Nunca antes estuvimos tan cerca de un acuerdo definitivo! #LaPazEstáCerca

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) diciembre 15, 2015

El sistema integral para la reparación de las víctimas estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la jurisdicción especial para la paz.

El acuerdo establece que, cuando finalicen las hostilidades en Colombia, se podrá otorgar, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones de los Derechos Humanos. En ese sentido, el acuerdo hace énfasis en promover el fin de la impunidad.

El acuerdo detalla un sistema de justicia especial. Los exguerrilleros serán juzgados en tribunales especiales que plantean privación de libertad pero en lugares distintos a las cárceles. En cada caso, la corte decidirá cómo se produce el cumplimiento de las penas. Ni el Gobierno ni las FARC elegirán a los jueces responsables del nuevo tribunal, según el acuerdo difundido por los medios colombianos, que confirma la puesta en práctica de un mecanismo que garantice la independencia.

El jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, ha asegurado que «no se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad».

Por su parte, su homólogo de las FARC, Iván Márquez, ha considerado que la «justicia restaurativa será la mejor fórmula para alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general» en Colombia.

«No nos interesa aplaudir la entrada en la cárcel de nuestro adversario en esta prologada guerra. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo la sociedad y la patria en territorios especiales de paz, en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro», ha añadido.

El papel de las víctimas

En su declaración, las partes agradecen a las víctimas colombianas su «participación decidida», «testimonios generosos» y sus propuestas, «sin las cuales no hubiera sido posible construir este acuerdo», y alentaron a los afectados a participar en la implementación de este acuerdo.

En nombre de las víctimas, la periodista Jineth Bedoya ha dado a un comunicado en el que estas han declarado que vigilarán el «estricto cumplimiento» del acuerdo. «Celebramos que se haya encontrado el camino para reconocernos después de tantas décadas de impunidad», han indicado.

«Reiteramos que así como hemos dejado nuestro dolor sobre la mesa en cada visita de las cinco delegaciones (a las negociaciones de La Habana), reivindicamos nuestra dignidad y nuestra exigencia de que los acuerdos sean fieles a los reclamos de todas las víctimas», ha señalado Bedoya.

El texto llama la atención además sobre el compromiso de ambas partes con la transversalidad de la perspectiva de género y afirma ver «con tristeza la ausencia de mujeres en la mesa» de negociaciones.