El Consejo de Ministros ha solicitado este martes al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, porque cree que vulnera, «entre otras exigencias constitucionales, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y al principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».

La proposición de ley, impulsada por Izquierda-Ezkerra, recibió también el voto a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, mientras que UPN y PPN votaron en contra.

La norma navarra tiene como fin que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sean reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de «los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral" por hechos sucedidos entre 1950 hasta la actualidad».

El Gobierno español ha aclarado que su recurso «no cuestiona el reconocimiento y reparación integral que proceda» para las personas protegidas por la norma «cuando haya resultado acreditado el perjuicio con arreglo a Derecho». Sin embargo, considera que la ley «vulnera las garantías esenciales de un Estado de Derecho, como la presunción de inocencia o el derecho a la tutela judicial efectiva».

En este sentido, el Ejecutivo del PP señala que la ley navarra atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación funciones relativas a la investigación de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de derechos humanos que «la Constitución reserva a los jueces y tribunales».

En su opinión, «ejerce una especie de justicia paralela, que, además, obvia cualquier actividad judicial previa», suponiendo esto «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia, al no preservar, en forma alguna, los derechos constitucionales que corresponden a cualquier ciudadano al que se le impute una actuación antijurídica».