Arraiz fue uno de militantes independentistas arrestados en octubre de 2007 en la localidad guipuzcoana de Segura.

La causa fue iniciada en la Audiencia Nacional española pero, al ser Arraiz parlamentario en Gasteiz y gozar de aforamiento, su procedimiento se desgajó del resto y pasó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, competente para juzgar a los aforados vascos.

Por ello, Arraiz será juzgado en mayo por «integración en organización terrorista» por la Sala de lo civil y Penal del TSJPV presidida por su presidente, Juan Luis Ibarra, a quien acompañarán los magistrados Nekane Bolado y Roberto Saiz.

El Fiscal Superior de la CAV, Juan Calparsoro, solicita para Arraiz seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.

La AVT y la plataforma Dignidad y Justicia ejercen la acusación popular en este caso y piden una condena de 10 años de cárcel.

El resto de acusados en este mismo causa alcanzaron un acuerdo el pasado mes de enero tanto con el Ministerio Público como con la acusación popular, que supuso una sustanciosa rebaja en las condenas solicitadas por la Fiscalía y en base al cual ninguno de los imputados tuvo que regresar a prisión.