Valls, en un discurso ante los interlocutores sociales, ha señalado que se trata de «un nuevo comienzo» y ha insistido en que su Ejecutivo ha aprovechado el plazo suplementario que se había dado ante las voces de rechazo, que se tradujo en una primera jornada de protestas en la calle el día 9.

Las reacciones sindicales han sido dispares. El secretario general de la Confederación Francesa de Trabajadores (CDFT), Laurent Berger, ha subrayado «los avances conseguidos» porque se ha pasado de «un proyecto que era desequilibrado» a otro que «puede ser beneficioso para los jóvenes y para los trabajadores».

Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), Fuerza Obrera (FO) y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) han estimado «marginales» las novedades aportadas hoy y mantienen el calendario de nuevas movilizaciones, en particular la huelga general del 31 de marzo.

El principal cambio es la renuncia a establecer un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por «un baremo indicativo» (de tres a 15 meses de salario, según la antigüedad) que servirá de referencia para los jueces de lo social.

Valls también ha dado marcha atrás parcial sobre las causas que podrán esgrimir las empresas para proceder a despidos económicos, entre los que se incluyen la caída de ingresos o una pérdida de explotación.

Como los sindicatos temían que las grandes corporaciones usaran artificios contables para forzar pérdidas en sus filiales francesas y poder así despedir, el Gobierno deja que sean los jueces los que establezcan si ha habido una voluntad de falsear las cuentas.

«Los grandes grupos no podrán provocar artificialmente dificultades económicas en su implantación francesa para justificar un despido sin ser sancionados», ha asegurado el primer ministro.

Para los menores de 25 años, la principal novedad es la universalización desde 2017 de la llamada «garantía jóvenes», de forma que de los alrededor de 50.000 beneficiarios actuales del subsidio acompañado de una propuesta de formación se pasará a 900.000.

Además, la llamada cuenta personal de actividad (CPA), que ya aparecía en el anteproyecto de ley para reunir los derechos del trabajador a lo largo de su vida laboral, se ve ampliada, sobre todo para los jóvenes y los menos cualificados.

El presidente de la principal organización patronal, Medef, Pierre Gattaz, ha dicho estar «decepcionado» por las modificaciones, pero en cualquier caso ha lanzado un llamamiento para que «no se desnaturalice más» la reforma.

Valls se ha felicitado por las primeras reacciones y ha explicado que el proyecto que debe adoptarse en Consejo de Ministros el próximo día 24, antes de empezar su tramitación parlamentaria en abril, «es la prueba de que Francia puede transformarse sin fracturarse».