En una entrevista con el periódico colombiano “El Tiempo”, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó la existencia de grupos paramilitares y se refirió al llamado Clan Úsuga, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas, como «banda criminal». Este grupo decretó un «paro armado» de 48 horas, que dejó cuatro policías y un militar muertos, además de importantes pérdidas económicas por la prohibición de apertura del comercio y de circulación de personas y vehículos en distintas ciudades de la región del Urabá.

«Es irresponsable calificar a estas bandas de paramilitarismo. Eso quisieran ellos para tener un reconocimiento político que no puede dárseles, dado que su único fin es el lucro a través de las empresas criminales y el amedrentamiento. En el país no hay paramilitarismo ni permitiremos que vuelva a aparecer», afirmó Villegas.

El viernes la exsenadora Piedad Córdoba denunció un intento de atentado en su contra en el municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó.

«Si en este país pensar diferente implica arriesgar la vida, la verdad es que no tenemos ninguna democracia», subrayó la propia Córdoba en su cuenta de Twitter. «A quienes no me quieren viva o me quieren escondida, les digo que no les daré gusto», manifestó.

Propuestas de la guerrilla

En declaraciones al «informativo insurgente», el jefe de la delegación de las FARC-EP en La Habana, Iván Márquez, exigió al Gobierno que «intervenga. Salga de la inacción y haga algo en esta ocasión». «Necesitamos que se ponga en marcha un plan para que el fenómeno del paramilitarismo no se vaya a convertir en el principal obstáculo para la consolidación de la paz. «Urge desmantelar el fenómeno paramilitar», enfatizó.

Villegas acusó a las FARC de usar «el fantasma del paramilitarismo para dilatar su decisión final de firmar el acuerdo de paz, y eso es inaceptable». El delegado Pablo Catatumbo le respondió que «negarse a admitir la realidad solo conduce al desastre». «No se puede repetir el genocidio político contra la izquierda», subrayó.

La guerrilla supedita la dejación de armas a que haya garantías de seguridad y al desmantelamiento del paramilitarismo.

La delegación de paz ha propuesto la creación de un «gran pacto político nacional integrado por todas las fuerzas que rechacen de manera categórica cualquier tipo de violencia contra la oposición»; cambiar la doctrina del «enemigo interno»; incrementar «severamente las sanciones» contra los partidos que tengan nexos con el paramilitarismo; «planes piloto de desmantelamiento paramilitar en zonas críticas», así como una comisión nacional para «hacer seguimiento del desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo».

Negociadores viajan a Cuba para tratar el fin del conflicto

El equipo negociador del Gobierno colombiano se reunió ayer en Bogotá con asesores jurídicos de las FARC para «seguir avanzando en los temas concernientes al fin del conflicto y la dejación de las armas», según informó el presidente Juan Manuel Santos en una declaración en la Casa de Nariño. Hoy viajarán a La Habana para abordar estos temas con la delegación de la guerrilla.

«El equipo negociador y yo mismo hemos dejado claro el tipo de acuerdo que debe salir de esa mesa de negociaciones. Estamos trabajando por un acuerdo bueno para los colombianos, que nos acerca a una paz estable y sostenible», manifestó. Calificó de «complejo» el actual momento de las conversaciones. Pero, a su juicio, dicha complejidad «debe servir para que estemos todos más unidos que nunca. Debe servir para que no perdamos de vista el objetivo, que está cerca. La paz y sus oportunidades están cerca». «Añorar la guerra es hundirse en el doloroso pasado. Colombia tiene que creer que vivir sin guerra es posible», manifestó.GARA