Sin embargo, por lo constatado y contrastado en mi entorno, tengo la impresión de que en las últimas décadas se ha quedado un tanto estancado.

Respecto a la violencia de género, por ejemplo, todavía hoy, el tratamiento público que reciben estos casos no es abierto. Se tarda en declararlos como violencia sexista; los siguen enmascarando como sucesos, deplorables eso sí, que ocurren en el ámbito familiar o de pareja; se consideran como crímenes pasionales. Basta con escuchar los comentarios en la panadería, leer las noticias de muchos medios de comunicación que los titulan y relatan como una «tragedia conyugal» o oir al propio fiscal que habla de «drama familiar» (que también lo es, por supuesto). Cuesta darles la connotación ideológica que es la clave para abordar esta problemática social estructural y avanzar en la concienciación y, por ende, en la solución.

En ello se afanan los organismos de defensa de los derechos de las mujeres y colectivos feministas también en Ipar Euskal Herria. Pero, desde luego, algunos procederes y artimañas de las propias instituciones no acompañan el esfuerzo como pudo comprobarse cuando las instancias estatales abortaron en 2015, por incompatibilidades administrativas, el Observatorio vasco de las violencias contra las mujeres, una iniciativa pionera en el Estado.