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Piden que Berro dimita por votar la adjudicación a una entidad sin ánimo de lucro que presidió su hermana

La concejala de Igualdad de Iruñea, Laura Berro, ha reconocido un «pequeño error» al no abstenerse en la votación de un contrato entre el Ayuntamiento de Iruñea y la entidad sin ánimo de lucro Asociacion Yoar, que en ese momento presidía su hermana. Berro, que ha avanzado que no dimitirá, asegura que fue un «despiste». Su voto no fue determinante en dicho contrato, que tiene una cuantía de 130.000 euros. La hermana de la edil de Aranzadi no cobraba como presidenta de esta asociación que trabaja con menores en riesgo de exclusión de Arrosadia y Azpilagaña desde 1995. UPN y PSN reclaman su dimisión.

La concejala Laura Berro, en un pleno de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)
La concejala Laura Berro, en un pleno de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)

«Se me puede acusar de un despiste, pero no de otra cuestión», así se ha defendido esta mañana la concejal Laura Berro después de que se conociera que votó en la adjudicación de un contrato a una asociación sin ánimo de lucro que en ese momento estaba presidida por su hermana. El voto de Berro no fue determinante en dicha adjudicación, que hubiera recaído en el mismo adjudicatario, puesto que fue la única entidad que se presentó a dicha adjudicación.

«Tanto yo como mi grupo Aranzadi como el equipo de Gobierno, que hemos llegado a un consenso, consideramos que es un pequeño error, un lapsus, y consideramos que no hay en ningún momento mala fe ni un deseo de favorecer a un familiar», ha señalado Berro. También subrayó que su hermana no cobraba como presidenta de la asociación. Al hilo de ello, la edil ha explicado que desde la secretaría del Ayuntamiento no le advirtieron su deber de abstenerse. «En lo sucesivo me acordaré», prometió.

Peticiones de dimisión, otra vez

El hecho de que el voto de Berro no afectara a la adjudicación no ha saciado al PSN ni a UPN. La líder del PSN, Maite Esporrín, ha cargado con todo y dice que Berro no puede «durar ni un día más en el cargo». Considera, además, que sus explicaciones le resultan «irritantes». Esporrín ha dado incluso un poco más allá y ha cargado contra la labor que realiza la asociación sin ánimo de lucro en los barrios de Arrosadia y Azpilagaña, diciendo que su trabajo con menores tan solo tiene una «supuesta finalidad social».

Por su parte, el exalcalde Enrique Maya ha señalado que «cuando se ha cometido esta ilegalidad hay que apechugar y hay que responder». Pero el objetivo de Maya no era solo Berro, sino el alcalde Joseba Asiron. «Está siendo el equipo de gobierno el que está avalando ese comportamiento, con lo cual la responsabilidad directamente pasa al máximo responsable, que es el alcalde», ha subrayado Maya.

Esta es, al menos, la cuarta vez que UPN y PSN reclaman la dimisión de un concejal de Iruñea por presuntos escándalos. Ya se pidió la dimisión de Maider Beloki por dejar exponer al artista Abel Azcona, por haber tenido un accidente con el coche y, después, por el cambio en la escuelas infantiles. También se pidió la reprobación de Joxe Abaurrea tras la denuncia desestimada por los tribunales que interpuso el hermano de la exteniente de alcalde, Ana Elizalde, que quería abrir un bar y se vio afectado por la moratoria. En todos estos casos ha habido siempre un informe jurídico de los servicios municipales avalando la legalidad de las actuaciones del equipo municipal. En este caso, también es así.

Un informe jurídico avala que el voto no afectó

Un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento solicitado en mayo para aclarar las consecuencias del voto de Berro, subraya que no hubo afección al contrato. En este sentido, aclara que Berro sí que tenía el deber de abstenerse, si bien señala también que su hermana ya había abandonado la presidencia de la asociación sin ánimo de lucro en el momento de formalizar el contrato.

«El acuerdo se adoptó con quorum suficiente aun sin contar con el voto de la Concejal Especial sra. Berro, por lo que no se conclulcan las reglas esenciales para formar la voluntad del órgano colegiado», señalan los juristas del consistorio. El informe, de hecho, va más allá al validar que «la adjudicación del contrato ha respetado los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia característicos de la contratación administrativa y se ha seguido el procedimiento establecido».