Sare ha denunciado que el Gobierno español está aplicando diversas triquiñuelas para incumplir la normativa europea 2008/675/JAI sobre acumulación de penas, que obliga a contar en un estado miembro de la Unión las condenas cumplidas por un preso en otro estado por la misma acusación. Si estas instrucciones se cumplieran debidamente, siete presos vascos que en la actualidad están encarcelados deberían estar ya libres.

Según el recuento de esta red ciudadana, los presos afectados son Josu Arkauz Arana (Arrasate), Jose Jabier Zabaleta Elosegi (Hernani), Iñaki Etxeberria Martin (Iruñea), Santi Arrospide Sarasola (Lasarte), Francisco Mugika Garmendia (Ordizia), Jose Ramon Lopez de Abetxuko (Gasteiz) e Iñaki Bilbao Beaskoetxea (Lemoa).

Para dar a conocer esta situación, Sare pondrá en marcha en los pueblos de estos presos diferentes actuaciones que en principio tendrán un carácter informativo y después en cada localidad se decidirá que otro tipo de actuaciones emprender.

Sare denuncia que el Estado español aplique el «derecho del enemigo» en lugar del «derecho internacional» o su propia legislación con sus constantes vulneraciones de derechos, con la negativa a excarcelar a presos y presas gravemente enfermas y con la política de dispersión.

La red recordó también que la semana pasada, junto con el centro interdisciplinar de estudios jurídicos Ikasmirak de la Universidad del País Vasco, presentaron en el colegio de abogados de Bizkaia «un contundente informe sobre las vulneraciones de los derechos humanos a los presos y presas vascas, un informe realizado por 100 juristas de ámbito estatal que se centraba en analizar principalmente dos cuestiones, la política de dispersión y la negativa a aplicar la norma marco europea sobre cómputo de penas por parte de los tribunales españoles».